El 24 y 25 de marzo, la Audiencia Provincial de Ourense juzga a C. P. P., de 36 años, acusado por la Fiscalía de un presunto delito de homicidio por el atropello mortal de un motorista de 37 años, el 7 de septiembre de 2019, en la N-525 en Ourense, a la altura de Rabo de Galo. La Fiscalía considera que no fue un accidente, sino un crimen, y solicita una condena de hasta 14 años de cárcel. También se sentará en el banquillo J. P. G., de 63 años, por presunto encubrimiento del conductor. Es la principal de los presuntos traficantes a juicio en la ‘Zamburiña’ hasta finales de febrero, por lo que pasará muchos de sus días del primer trimestre en la Audiencia.
En pocas ocasiones la Fiscalía califica una muerte en carretera como un homicidio doloso –con dolo eventual–, aunque también plantea la alternativa de conducción temeraria en concurso con delito vial e imprudencia grave, por si la Audiencia considera que ese es el mejor encaje delictivo. Presuntamente escapó tras arrollar al motorista.
Alcohol, drogas y velocidad
Tenía retirado el carné, había bebido y consumido drogas, e iba a 125 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60, según afirma la acusación pública. La defensa, que cuestiona pruebas de la instrucción como fotogramas de cámaras de seguridad y ve contradicciones en la versión del testigo que afirma que iba de copiloto, sostiene que el acusado “no estuvo en el accidente no es el autor”.
El encausado es reincidente. Acumula dos sentencias firmes por delitos contra la seguridad vial. Una sentencia firme recayó tres días después de estos graves hechos. Según la Fiscalía, era él quien conducía a las 11.10 horas del 7 de septiembre de 2019 el Audi A-4 Avant que arrolló al motorista. Antes había ingerido presuntamente bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes “que mermaban sus capacidades físicas y psíquicas”. Transitaba por el carril izquierdo del Puente Ribeiriño, procedente de la carretera nacional N-542. La acusación indica que hizo una maniobra antirreglamentaria de cambio de carril a la derecha y se vio sorprendido por un vehículo que circulaba a menor velocidad, lo que desencadenó una colisión por alcance con la motocicleta de la víctima, a la altura del kilómetro 234 de la nacional N-525, en tramo urbano.
La motocicleta quedó atrapada, por la llanta de su rueda trasera, contra el frontal del chasis del Audi, en un recorrido aproximado de 16 metros. La moto salió despedida hacia la izquierda e impacto después con la mediana de hormigón, continuando por la inercia una trayectoria de arrastre de 42 metros.
Sin carné de conducir
La fiscal subraya que el acusado “no llegó nunca a accionar el sistema de frenado”, por lo que durante los 16 primeros metros de arrastre y “como consecuencia de que el turismo va acelerando”, el motorista quedó atrapado en los bajos del Audi, unos 50 metros de distancia. Tras esa distancia, la víctima salió despedida a la altura de la rueda posterior del lado derecho del coche, que sobrepasó el cuerpo del conductor de la motocicleta. El desplazamiento continuó hasta una distancia de 74 metros, desde la colisión hasta la posición final. El motorista falleció. Presuntamente, el acusado no se detuvo y siguió conduciendo para abandonar el lugar, sin auxiliar a la víctima pese a que el copiloto le dijo que parase. La fiscal cree que no lo hizo “al ser consciente de que no podía circular, al haber sido privado del permiso de conducir” hasta mayo de 2020, ocho meses más tarde de cuando ocurrió el suceso. Siguió un kilómetro y medio más, hasta la calle Couto Berredo, donde abandonó el vehículo porque había perdido todo el aceite y los desperfectos impedían que continuara la marcha.
Según la Fiscalía, sobre las 11.40 horas, el acusado fue al domicilio de su padre, se cambió de ropa y condujo en otro vehículo hasta un local de Santa Cruz de Arrabaldo en el que trabajaba la acusada J. P. G. Abandonaron juntos el local sobre las 12.30 horas. Presuntamente, siendo conocedora de los hechos, “con el propósito de ayudar al acusado al objeto de que este pudiera eludir la investigación iniciada y servir de cortada al mismo” –subraya el ministerio público–, la mujer prestó declaración el 9 de septiembre de 2019 en la comisaría de Ourense y afirmó que, el día de los hechos a la hora del siniestro, ella y el acusado se marcharon a su casa de Barbantes, donde según su versión estuvieron hasta las 18.00 horas.
