El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, firmó ayer el decreto por el que cesa como vicepresidente segundo del Gobierno provincial y de la junta de gobierno de la Diputación a Miguel Caride, exdiputado y exedil de Democracia Ourensana y ahora edil y diputado no adscrito.
La decisión fue adoptada en base a un informe del secretario de la Diputación que advierte al presidente de que si mantiene en vigor los decretos por los que otorgó diferentes cargos y delegaciones a Caride tras ser declarado tránsfuga por su anterior partido, “incurriría en una infracción sobrevenida”. El informe se basa en el artículo
73.3 3º de la Ley Regulador de Bases de Régimen Local y también en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que impiden dar nuevos cargos a ediles u otros cargos declarados tránsfugas, que puedan mejorar su estatus e incluso sus ingresos económicos, afirma el secretario.
Pese a todo, el cese no afectará a la estabilidad del Gobierno provincial, pues Caride seguirá apoyando al PP, según anunció ayer. Manuel Baltar afirma que le comunicó personalmente a Caride la situación, pero ambos puestos, el de vicepresidente segundo y el de miembro de la junta de gobierno provincial, siguen vacantes, a la espera de las resoluciones judiciales que se deriven del procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ourense.
En este juzgado se estudian las medidas cautelares tras la denuncia presentada por los concejales de DO, entre ellos Miguel Caride, contra la asamblea de Democracia Ourensana, en la que su presidente y alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, decidió expulsarlos del grupo de DO y declararlos tránsfugas. Esto ocurrió días después de que estos concejales denunciaran supuestas irregularidades en las cuentas de DO por parte de Jácome.
El BNG, a la vista de este informe, pide la dimisión de Caride de la Diputación y que se aplique la misma jurisprudencia en Castrelo de Miño y Viana do Bolo, pues “mantener en la alcaldía y en la tenencia de alcaldía de Viana do Bolo a dos tránsfugas es un hecho ilegal, en la medida en que vieron mejoradas sus condiciones política y económica solo tras actuaciones que supusieron la ruptura con la línea oficial de su partido de origen”.
Por lo que respecta a la crisis municipal del Concello de Ourense, arrancó en agosto de este año, tras la mencionada denuncia ante Fiscalía de los díscolos y la que luego presentó en el juzgado un asesor del Concello por supuestas “mordidas” en su sueldo que le exigía el regidor. La crisis culminó con la ruptura del gobierno PP-DO. Jácome cesó a los ediles y quitó las competencias a Caride. Finalmente, el propio Baltar “rescató”, otorgándole la vicepresidencia segunda y otros cargos a Caride en la Diputación.
Pese al cese, la supervivencia de Baltar en la presidencia de la Diputación está asegurada. Ayer mismo el propio Miguel Caride señalaba que mantiene por ahora su apoyo al PP en la Diputación “no ya solo por lealtad o cumplimiento de pacto, sino porque han trasladado esta crisis del Concello a la Diputación para acabar con el baltarismo y los que aspiran a sucederlo (el PSOE) son aún peores”.
El informe elaborado por el secretario provincial y en el que se basó Baltar para firmar ayer el decreto de cese obliga a retirarle a Caride, además, las competencias de delegado de las áreas de Dinamización del Medio Rural y Teatro Principal y Centro Cultural Provincial Marcos Valcárcel. Caride conserva todos los derechos inherentes al núcleo esencial de la función representativa, particularmente los de participar con voz y voto en las seis comisiones informativas provinciales, la de participar en el control de la acción de gobierno presentando escritos o mociones y en las votaciones.
