Una sentencia de la Sala del Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sobre los derechos de los concejales tránsfugas y no adscritos está provocando una nueva tormenta en la vida política de los municipios de Viana do Bolo y Castrelo de Miño. En el primero, el nuevo alcalde, Abelardo Carballo, estaría supuestamente ocupando la alcaldía de forma ilegal, y en el segundo afectaría a dos tenientes de alcalde. En base a ello, el BNG ha presentado sendos recursos de revisión de los plenos en los que salieron elegidos estos nuevos cargos.
Fueron dos mociones de censura que dieron lugar este verano a que Secundino Fernández, en Viana, y Esteban Suárez, en Castrelo, perdieran la alcaldía, pero ahora, amparados en la resolución del Supremo, los nacionalistas emprenden acciones. En Viana registraron un recurso extraordinario de revisión en contra de la convocatoria del pleno de la moción de censura celebrado el 1 de septiembre en el que salió elegido alcalde Carballo. Los votos del concejal del PP, Andrés Montesinos, y los de dos “tránsfugas del PSOE” arrebataron la alcaldía a Secundino Fernández, “antidemocráticamente, y ahora se demuestra que también ilegalmente”, opina el Bloque.
Dicha sentencia, que crea jurisprudencia, indica que el pase a concejal no adscrito “impide que se asuman cargos o perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. En base a ello, Carballo, al ser uno de esos “transfugas” no podría ser el candidato en la moción, por lo que los nacionalistas presentaron dicho recurso al considerar que “queda probado que se cometió una ilegalidad al convocar un pleno para debatir una moción de censura que no cumplía con los requisitos legales para poder presentarse”, y se adoptó un acuerdo “también manifiestamente ilegal” al verse “claramente” mejorada su condición política.
Los nacionalistas confían en que este recurso se resuelva lo más rápidamente posible y se reponga la “normalidad democrática” en Viana devolviendo a Fernández al poder.
También el BNG en Castrelo de Miño presentó un recurso extraordinario de revisión del pleno de “organización” del 31 de agosto, solicitando a la secretaria que inste al actual “gobierno Frankenstein” a cumplir la ley, dada esta sentencia que clarifica el artículo 73.3.3 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Así, exige al “ilegítimo alcalde que cese inmediatamente al primer y al tercer tenientes de alcalde”, y que les “retire cuantas concejalías les asignó así como las representaciones en órganos colegiados y asistencia a juntas de gobierno locales”. Asimismo, reclama la devolución de lo percibido por las dedicaciones del tercer teniente de alcalde, Jaime Fontanes, y el cobro de la asistencia a juntas de gobierno local por parte del primer teniente de alcalde, Francisco Pérez.
Esteban Suárez explica que “se dio una interpretación correcta a algo que no se interpretaba como correspondía”, y que estos dos concejales podrán a partir de ahora apoyar las propuestas de Carballo en los plenos pero no percibir nada ni ocupar cargos, siendo meros ediles.
Así, en Viana se pide impugnar el pleno y devolver la alcaldía a Fernández, pero en el caso de Castrelo explica Suárez que el candidato a la alcaldía en la moción de censura era el portavoz del PP y “los ediles tránsfugas sí pueden firmarla” por lo que “lamentablemente sigue siendo legal”, pero dichos concejales “no pueden beneficiarse”.
Ante la postura del BNG, en la alcaldía de Viana no piensan hacer nada. Según Montesinos, esta sentencia “no tiene nada que ver con la moción” pero si no lo ve así le invita a que acuda al juzgado y si gana entonces “habrá otro alcalde”, que dice sería otro concejal, esta vez del PP recayendo en su persona, y “no habría ningún problema”. En cambio advierte que el BNG “sí cometieron ilegalidades pero estamos a la espera de hacer auditoría o no”.
