Antonio Piña Alonso (Tui, 1965) seguirá cinco años más como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, un cargo que ejerce desde diciembre de 2014. El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer su nombramiento, con una mayoría de 19 de 21 votos a favor (dos en blanco). Piña revalida el puesto frente a la alternativa de su compañera de tribunal, la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce, presidenta de la Sección Segunda –la sala penal–, integrante de la Audiencia desde 2004 y la primera mujer que se ha postulado en Ourense al cargo de máxima autoridad judicial de la provincia. Entre 2005 y 2014, Piña fue juez decano. Lleva 21 años en la carrera, 15 de ellos en la provincia, y es miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, desde 2004.

– ¿Qué sensación le queda tras un apoyo tan mayoritario del pleno?

– Es un refrendo al trabajo y muestra la confianza del Consejo General del Poder Judicial en que las cosas se han hecho medianamente bien y el camino que se adoptó era el adecuado. A nivel personal resulta agradable.

– ¿Qué retos se marca en este segundo mandato?

– Acciones que hagan de la justicia una administración un poco mejor, con un proyecto de pequeñas cosas que repercutan en el ciudadano. Por un lado, intentar dar una vuelta de tuerca a la mediación, para que la sentencia o la resolución judicial no sean las únicas vías para solucionar un conflicto. En segundo lugar, seguir el camino de humanizar la justicia. Siempre he querido que la administración sea cercana, que el ciudadano vea que puede resolver sus problemas y encontrarse más cómodo en los juicios. Al igual que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que tiene como gran bandera la lucha contra la violencia de género, aquí asumimos absolutamente ese objetivo. Celebramos comisiones provinciales e intentamos que las víctimas, y también los menores de edad, no estén solos y cuenten con la asistencia de la trabajadora social o la psicóloga. En la Audiencia intentamos que no tengan que declarar públicamente y puedan hacer el trámite en una sala reservada.

– Desde su experiencia profesional y mirando el presente y al futuro, ¿qué previsiones hace sobre el impacto a nivel judicial de la crisis?

– Este es un tiempo de tristeza, se ve en la propia ciudad, con problemas económicos y de salud, que es lo más importante. En materia laboral y mercantil pensamos que cuando termine la cobertura de los ERTE y se produzcan despidos, habrá mucha más litigiosidad en esas jurisdicciones, por reclamaciones de trabajadores y quiebras de empresas. En los demás ámbitos no se adivina por el momento un incremento sustancial.

– ¿Será posible mantener la actividad judicial o, si las restricciones son cada vez mayores, esperan un nuevo parón a causa de la pandemia?

– Estamos intentando, sobre todo en los juicios penales en los que los acusados se enfrentan a penas graves, realizar las vistas físicamente. Intentamos combinarlo con medidas elementales, como ventilar con frecuencia aunque se interrumpa el juicio. Creo que es posible no parar la actividad pero, en cualquier caso, como dice el presidente del TSXG, estaremos atentos a la evolución del Covid porque la salud es lo primero. El que va a ser juzgado o acude como testigo o parte no puede salir contagiado, por eso hay mucha responsabilidad y cuidado con que se cumplan las medidas. Tal y como está la sociedad, y teniendo en cuenta que en todos los ámbitos cualquiera se puede ver afectado, solo hemos tenido incidencias puntuales, normales.

– ¿Permite la situación sanitaria celebrar el juicio de la Zamburiña [a partir de enero] en la Audiencia, o habrá que buscar otro espacio?

– Es un juicio con muchas partes [hay trece acusados, cuatro policías y nueve presuntos traficantes, más sus abogados], pero la intención es que se celebre y, en principio, en la propia sala de vistas de la Audiencia, aunque estaremos atentos a la pandemia.

– ¿Por qué los actos telemáticos del primer estado de alarma no se mantuvieron en el tiempo?

– En el ámbito civil se pueden celebrar audiencias previas, porque disponemos de medios telemáticos y programas mucho mejores que otras comunidades. Pero en los juicios penales se requiere la presencia del acusado en sala, y ese criterio lo hemos llevado al paso a disposición judicial de los detenidos, porque entendíamos que quedaba mediatizado sin su presencia. No es tanto un problema de que no haya medios como de no limitar garantías y derechos.

– El TSXG aprobó medidas de alivio para el juzgado de Familia, colapsado. ¿Detecta alguna otra necesidad en la planta judicial de Ourense?

– Estamos introduciendo mecanismos de detección anticipada gracias a las estadísticas, que ayudan a perfilar mucho cómo es el trabajo de cada órgano. Hay algún juzgado en el ámbito civil que está en la barrera, no del colapso pero sí de números muy altos, por lo que habrá que tener cuidado y reforzar, en el caso de que se sobrepase la capacidad de resolución. En la Audiencia, la comisión de servicio ha permitido bajar el número y en Familia esperamos que las medidas den resultado y, si no, se adoptarán otras nuevas. Teníamos un problema con los penales pero el bis lleva ya mucho tiempo reduciendo notablemente la carga de trabajo. También se han producido retrasos puntuales en los contenciosos, aunque dentro de un cauce de respuesta razonable.

– Tras una época con muchas denuncias y causas contra el gobierno local de PSdeG y BNG, llegó la calma, hasta la acción en curso contra el alcalde Jácome. ¿Teme un nuevo pico de la judicialización de la política?

– No me gusta nada la judicialización de la política, y ha traído momentos complicados. Espero que la política coja su camino y la justicia el suyo, y que cuando coincidan sea porque es realmente necesario. Si determinados asuntos se judicializan, seguirán el cauce que deban seguir.

– ¿Es partidario de poner coto desde la Audiencia Provincial a las instrucciones, para que no se eternicen?

– Somos partidarios de que las causas no se dilaten en el tiempo ni acumulen asuntos que las conviertan en una montaña, pero los instructores actúan con absoluta independencia y la Audiencia Provincial matiza solo con la ley en la mano. No se pretende un camino torticero a través de la ley, sino que solo llevamos a cabo un control de la legalidad, de que cada instructor tramite de forma conveniente los asuntos que tiene.

– Su nombramiento llega tras meses de espera y varios retrasos. ¿Qué le parece la interinidad del actual Consejo del Poder Judicial?

– Las instituciones hay que renovarlas en tiempo y son los partidos los que deben ponerse de acuerdo, aunque creo que los 12 vocales judiciales deberían ser elegidos por los jueces porque daría todavía más independencia y respondería mejor a las necesidades de la carrera.