La denuncia contra el exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por parte de los abogados de la exedil de Urbanismo Áurea Soto supusieron la apertura de un expediente al alto funcionario -que resultaría suspendido por esta y otra causa- y, de manera colateral, también contra el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. En marzo de 2019, la anterior fiscal general del Estado, María José Segarra, abrió investigación al máximo responsable en la comunidad del ministerio público por una supuesta falta muy grave de desatención muy grave o, alternativamente, de una falta grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal. Presuntamente, por dejar de atender las quejas por supuesto abuso de autoridad que denunciaron los abogados de Áurea Soto, o por no ejercer las facultades de dirección y de inspección de su cargo. Fernando Suanzes recurrió en vía administrativa y el Ministerio de Justicia le da la razón. Fuentes de la Fiscalía confirmaban este viernes que "el Ministerio de Justicia, en resolución de 8 de septiembre, ha puesto fin al procedimiento disciplinario abierto al fiscal superior de Galicia, acordando la falta de tipicidad de la conducta investigada y procediendo por lo tanto al archivo del expediente en la parte que se refiere a Fernando Suanzes".

También recurrió Florentino Delgado, con la intención de llegar incluso a la Audiencia Nacional, de ser preciso, para defender su labor. El contenido de esa acción todavía no ha trascendido. El exfiscal jefe de Ourense, que fue apartado cautelarmente en abril de 2019 tras 15 años en el cargo, fue expedientado por partida doble y, en ambos cauces, sancionado con un total de 28 meses de suspensión por varias faltas.

En octubre de 2019, la anterior fiscal general impuso a Delgado 10 meses de suspensión de empleo y sueldo más 2.500 euros de multa por su trato con los abogados de la exedil Áurea Soto en la causa urbanística contra el exalcalde Manuel Cabezas (PP), que irá a juicio por presunta malversación de fondos y se enfrenta a una petición de condena de 7 años de prisión y una indemnización de 1,58 millones. En diciembre del año pasado, al exfiscal jefe le cayó la segunda sanción: 18 meses de suspensión, sin trabajo ni nómina, por la polémica del piso que le costeó la Xunta durante 12 años, y por la posterior querella contra una alto cargo de la consellería de Facenda que le había requerido que abandonara la vivienda. Florentino Delgado logró un nuevo destino en Madrid, en mayo de 2019.