El Consello da Avogacía Galega, una entidad de derecho público en la que están integrados el colegio de Ourense y de las otras seis grandes ciudades gallegas, pide que la cuantía de las inversiones de la Xunta en justicia gratuita -el turno de oficio, que garantiza el acceso con independencia de los recursos- se homologue con las cantidades que se destina a ese servicio público en el resto de España, "pues el gasto en justicia por habitante en Galicia es uno de los más bajos de todo el Estado. En concreto, cada expediente tramitado por los colegios de abogados se compensa en Galicia a unos 14 euros, mientras que en el resto del Estado se paga a 30 o incluso 40 euros", señalan.
La respuesta de la Consellería, dice el Consello da Avogacía Galega, "ha sido ofrecer la firma de un convenio mediante el cual donaría una cantidad económica idéntica a cada abogado del turno de oficio, con independencia de su situación económica y excluyendo a los abogados no inscritos en el turno de oficio. El Consello ha declinado la firma de dicho convenio, por carta de 9 de junio pasado, entre otros motivos por entender que esa donación es discriminatoria al excluir sin motivo al resto de los profesionales, algo que el Consello no puede asumir", alega el organismo.
La entidad propone a la Xunta que "si lo que se quiere es reconocer el trabajo de los abogados del turno de oficio, lo que debe hacer la administración es actualizar el baremo económico de compensaciones que reciben por su trabajo, y dotar económicamente a la justicia gratuita para dignificarla, en lugar de adoptar una medida coyuntural por la aproximación de las fechas electorales".
