Apenas llegan a los juzgados pero las agresiones al personal sanitario, tipificadas por el Código Penal desde su reforma de 2015 como delito de atentado contra la autoridad, se han convertido en un tipo de "violencia social" que no solo mina la confianza de los facultativos sino que hace que se resienta la calidad asistencial. Es también una violencia silenciada, ya que los hechos que acaban en denuncia son sólo la "punta del iceberg" de un problema que la Fiscalía equipara a las agresiones que sufre el personal docente.
El Observatorio contra las Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial de España registró 13 denuncias en Galicia el pasado año. El Colegio de Médicos de Ourense asegura que son "muy pocos" los casos en esta provincia que acaban en el juzgado porque la mayoría de los afectados "prefiere pasar página".
Una de las acciones impulsadas recientemente para hacer frente a este problema ha sentado en la misma mesa a la Fiscalía Superior de Galicia y a los cuatro colegios médicos profesionales gallegos (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) que este verano firmaron un convenio de colaboración para combatir las agresiones a facultativos. El presidente del colegio médico ourensano, José Luis Jiménez, explicó ayer que el objetivo de este protocolo es agilizar y facilitar la tramitación de las denuncias para evitar que la violencia contra los profesionales del ámbito sanitario siga "infradiagnosticada", ya que sólo se denuncian algunos casos. "Nuestro trabajo es intentar que todos salgan a la luz, para que conocer esta realidad en toda su dimensión nos ayude a acabar con esta lacra", indicó.
El secretario de esta entidad, José Manuel Bendaña, destacó que el convenio con la Fiscalía facilita que el trámite de las denuncias sea más cómodo para el denunciante al desarrollarse como un "expediente único", evitando la duplicidad de procedimientos. Además, y al tramitarse desde el propio colegio, el denunciante evita dar su domicilio particular. En cuanto el médico comunica un incidente violento al órgano colegial, el protocolo se activa para facilitar una actuación inmediata. Según el texto firmado, el médico objeto de una agresión en el ejercicio de sus funciones deberá remitir al Colegio de Médicos el parte de lesiones (en caso de que lo haya) o la documentación concerniente al caso, y será este órgano el que se encargará de presentar la denuncia ante la Fiscalía de Ourense. Esta, por su parte, abrirá las oportunas diligencias de investigación penal y, en caso de estimar que existen indicios suficientes de delito, llevará el asunto ante el juzgado de instrucción. Además, la Fiscalía se compromete a realizar un seguimiento particular una vez que se incoen diligencias por el órgano judicial.
El fiscal jefe en funciones de Ourense, Carlos Valenzuela, explica que la pena que corresponde al atentado es de uno a tres años de prisión y destaca que Código Penal establece la posibilidad de imponer al acusado la prohibición de acercamiento a la víctima y a su lugar de trabajo.
A la hora de explicar la violencia contra el personal sanitario, el presidente, José Luis Jiménez señala dos circunstancias: exceso de expectativas de los pacientes por "entender la sanidad como un elemento más de consumo", y una "intolerancia a la frustración" que se da sobre todo entre la población más joven. Bendaña, que forma parte del Observatorio contra las Agresiones a Médicos de la OMC, asegura que este problema afecta a toda la sociedad: "No puede ser que la relación médico-paciente se base en el miedo".
El año pasado se registraron 490 denuncias de violencia contra médicos en todo el territorio nacional y en el 59% de los casos, la víctima fue una mujer. Del total de estos hechos, el 51% conllevaron amenazas; el 35%, insultos, y el 14%, lesiones. La mitad de las conductas violentas se producen en las consultas de atención primaria, frente al 23% de la hospitalaria y el 25% de las urgencias. El 85% tienen lugar en el sector público. Con respecto a los agresores, siete de cada diez eran pacientes, y el resto, acompañantes.
En cuanto a las causas, el 46% se produjeron por discrepancias en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3% por no cursarla baja; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes que no eran acordes a sus exigencias.
Para dar una respuesta inmediata, está en fase de estudio la implantación del botón del pánico.
