Los socialistas presentarán al próximo pleno de la Diputación una batería de propuestas para que esta institución reclame a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia medidas concretas contra "la regresión demográfica que asola la provincia". Así lo anunció ayer el portavoz del grupo, Francisco Fraga, que también ve necesaria la "inmediata creación" de una comisión contra la despoblación que aglutine a agentes políticos, económicos y sociales. La primera misión de este comité sería la redacción de un plan para frenar este fenómeno.

Fraga Civeira explicó que Ourense sufre un "grave proceso de regresión demográfica que amenaza su existencia" tras perder más de 123.000 habitantes en los últimos 40 años (de 433.000 en 1977 a 309.000 en julio de 2018). El proceso, alerta, se agudizó en los últimos años con una sangría poblacional que ya suma entre 3.500 y 3.700 habitantes menos cada año "sin que nadie haga nada por ponerle freno a esta situación".

El portavoz socialista señala que hace falta una "estrategia" y puntualizó que "esto no va solo de sacarse fotos con Juncker porque hace falta algo más, ya que Ourense necesita una discriminación positiva real". Este camino, añadió el portavoz socialista, "sólo nos lleva a la desaparición".

Dado que "no podemos obligar a la gente a vivir en el rural", indicó, "debemos ofrecer soluciones frente a los problemas que presenta esta opción y alternativas para aquellas personas que sí quieren vivir en el rural y del rural".

En este escenario, sostiene el PSdG-PSOE que es el momento de trabajar "conjuntamente". Así, estas propuestas que el grupo lleva a pleno serían el punto de partida de una estrategia "mucho más ambiciosa", pero elaborada con medidas pensadas desde Ourense, ya que, "las recetas salidas de arriba no siempre funcionan", afirma Fraga Civeira.

La moción reclama un acuerdo para redactar un plan de acción contra la despoblación y el envejecimiento que sea evaluado anualmente, con medidas concretas y con dotación presupuestaria propia. Demandar ayudas a los ayuntamientos para garantizar los servicios obligatorios, áreas empresariales adecuadas a esta realidad, impulso del cooperativismo o el incremento de escuelas infantiles adaptadas a estos territorios, son algunas de las medidas.

Reclaman también que UE y Gobierno central impulsen un plan urgente que incluya medidas concretas e inmediatas que primen las ayudas para el desarrollo de las zonas afectadas.