Los que también mostraron su rechazo fueron representantes sindicales en el Concello, nada más conocer que el alcalde ya ingresó en su cuenta más de 3.000 euros por ese concepto, y que cuestionaron recientemente. De ahí que la intención es reunir a la Junta de Personal, que se manifestó unánimemente contra la "discriminación" de sufragar los gastos judiciales a políticos y no así a empleados públicos.
Es por eso que, independientemente de lo que pueda acordar la Junta de Personal, el representante de la CIG asegura que, tal y como se anuncian, acudirán a la vía penal, debido a que "no queda otra". Además de advertir sobre la legalidad de que se le abonase esos gastos, así como las cantidades que se filtraron desde la propia alcaldía, y que a día de ayer desconocían los grupos de la oposición y los representantes de los trabajadores.
Lo que tienen claro es que ante este tipo de actuaciones, la única alternativa que queda es la de acudir a los tribunales de justicia, ante lo que consideran una "flagrante ilegalidad".
