"Ser presidente de una Diputación no es una propiedad de la que el titular pueda hacer el uso que le parezca, pues es un cargo público sujeto a la ley para cumplirla y hacerla cumplir, y fuera de la ley no existe sino capricho y arbitrariedad". José Luis Baltar contrató a dedo a las personas que él quiso, cometiendo una prevaricación continuada como si la Diputación de Ourense fuera "una empresa privada" donde lograba un empleo quien le "parecía oportuno".
La justicia prueba por primera vez el enchufismo del político que gobernó la provincia entre 1990 y 2012, y fue un aguerrido barón del PP durante dos décadas, con sucesivas mayorías sin descuidar reivindicaciones territoriales y pulsos a la cúpula. Las 104 contrataciones temporales de baja cualificación (auxiliares, peones, porteros o agentes de desarrollo local) adjudicados por decreto entre enero y marzo de 2010, en el contexto del congreso del PP ourensano que ganó su hijo y sucesor, fueron repartidos por Baltar a golpe de prevaricación, afirma una juez. La condena culmina un proceso iniciado el 28 de diciembre de 2012 con una querella del fiscal jefe tras una denuncia del PSOE. El ministerio público pretendía un castigo a José Luis Baltar "como aviso a navegantes".
La magistrada del Penal Número Uno, Caterina González, condena al expolítico de 73 años a una inhabilitación para cargo y empleo público de 9 años de duración. El máximo posible eran 10. El fallo carece de efectos prácticos, porque Baltar está jubilado desde 2012, cuando su hijo lo sucedió también como presidente. No obstante, mancha el historial del último barón del PP, aquel que se definió como un "cacique bueno". La sentencia condenatoria no es firme y su abogado, Luis Romero, recurrirá en apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense. El exbarón también está imputado en la Pokemon por presunto cohecho.
Según la autoridad, José Luis Baltar "procedió a la contratación de 104 personas con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder". La omisión de convocatoria pública en el BOP o el tablón de anuncios fue el acto "más grave" del acusado, según la magistrada. Los enchufados eran habituales de la Diputación de Ourense -una treintena eran cargos del PP o familia y 15 fueron compromisarios con voto en el congreso del relevo-, "por lo que se cerraba la posibilidad de acceso a otros ciudadanos igualmente preparados". La difusión de los puestos en una institución pública debe ser "básico e irrenunciable" para que los contratos se concedan "por mérito y capacidad".
Concluye la juzgadora que Baltar "actuó con conocimiento de causa", "plenamente consciente de lo que estaba haciendo", con "una actuación contraria a toda norma". De forma aún más contundente, asevera que José Luis Baltar "viola consciente y deliberadamente la norma (...) en función de una finalidad que le parece prioritaria. Poniéndose por encima de toda ley, efectúa las contrataciones que le parecen como quien dispone de algo privado".
En el juicio del 30 de junio al 4 de julio, el expresidente alegó que él no asignaba las puestos, que miraba currículos, y que nadie lo advirtió de que cometiera ilegalidad. Nunca se preocupaba de los trámites pese a su poder, zanjó en la sala. Echando culpas a los principales funcionarios, llegó a asegurar que desconocía que los empleos tuvieran que ser publicitados y dijo no haber leído, hasta verse inmerso en el proceso judicial, la ordenanza de selección personal del año 2004 que él mismo firmó. Se limitaba a atender "necesidades imperiosas de personal". El proceso urgente que eligió requería informes de necesidad, fiscalización previa del interventor, publicación de las ofertas y la selección final. La magistrada cree que omitió el trámite legal.
El presidente que se despidió en loor de multitudes en 2012 y calificó a los empleados de la casa (más de 1.000 en su mandato) como "mis trabajadores, no los de la Diputación", se rebeló en su alegato final contra su antiguo círculo de confianza. Denunció que el caso solo buscaba la "caza mayor" y que otros supuestos responsables se habían quedado sin mácula.
El exbarón arremetió en el epílogo del juicio contra el secretario, Francisco Cacharro -con el que compartió 8 años, y que sigue con su hijo en el poder- y, sobre todo, contra el jefe de servicio de Personal, un edil del PP en el concello de Monterrei, cuyo testimonio "verosímil, creíble y persistente" es una de las pruebas principales de la condena. El funcionario afirmó haber advertido verbalmente al expresidente de que el proceso urgente que él ordenó para designar a "determinadas personas" en los 104 contratos "era ilegal" y carecía de todo amparo. Era un método excepcional y reservado para casos de grave perjuicio. El expresidente telefoneaba para dar los nombres.
Además del jefe de Servicio y el secretario -quien reconoció la existencia de una "leyenda negra" sobre el enchufismo en la Diputación Provincial de Ourense-, el tercer técnico principal, el interventor de entonces, acredita que no se realizó la fiscalización previa a los contratos que establece la ley. Se enteró de la oleada de altas al tener que pagar las nóminas. Para la magistrada, las aportaciones de los tres funcionarios, dos fuertemente censurados por Baltar en su estrategia final, "ha quedado claro y probado, en primer lugar, que el acusado tenía conocimiento de lo que estaba llevando a cabo y que de propia mano decidió realizar 104 contratos de forma urgente, sin cumplir los requisitos legales. También se ha probado que la contratación se realizó sin la fiscalización previa que exigía la ordenanza".
Con José Luis Baltar soportando cinco días de banquillo, por el juicio desfilaron medio centenar de testigos. Entre ellos, varios enchufados que "fueron designados de forma directa y, como se dice coloquialmente, a dedo", ratifica la juez. También comparecieron los funcionarios jefe de servicios nutridos de personal con las contrataciones. Sus informes de petición adolecían de "graves deficiencias". José Luis Baltar era el que contrataba y "en ocasiones se le daban los nombres".
Una veintena de los 104 contratos temporales de baja cualificación fueron a parar a ayuntamientos del rural y mancomunidades, todos bajo gobierno del PP menos uno. Los regidores, todos los populares salvo la excepción, arroparon al expresidente hasta llegar a definirlo como alcalde de alcaldes" que los "socorría" en caso de "necesidad". Varios afirmaron haber dado nombres de recomendados. Ninguno hizo petición por escrito. La juez observa "una irregularidad palpable y manifiesta".
El abogado del expresidente, Luis Romero, halla "motivos más que suficientes" para apelar la sentencia en un recurso ante la Audiencia que formalizará en septiembre, al ser agosto inhábil. La defensa justifica los 104 contratos de Baltar para atender "el interés general y la necesidad de contrataciones". Sus argumentos ponen el foco en el jefe de Personal. José Luis Baltar, según sintetiza el abogado para definir su alegato, "no puede ser responsable de la incompetencia de otros. Quien no participa en los hechos ni los comete, no puede pagar por otros". Romero considera que la magistrada valoró la prueba de forma incorrecta. Ante la Audiencia Provincial volverá a pedir la nulidad del proceso que la juez no ha aceptado al negar ninguna "indefensión" al expresidente.
Caterina González tampoco acepta que el expresidente provincial asuma de su bolsillo los 697.000 euros de los salarios y costes sociales de los 104 enchufados. Quería el PSOE, acusación popular junto a Manos Limpias, que José Luis Baltar afrontar el "importe de sus caprichos". Eso sí, pagará las costas de los letrados contrarios.
De revés en revés
La condena a un político que atesoró un poder omnímodo en la provincia de Ourense culmina una sucesión de reveses precipitados en apenas días: el fraude de 10,12 millones de ayudas de la UE por ilegalidades en su mandato en el caso depuradoras, el ERE para aligerar su legado de deuda y plantilla (un 116% y más de 1.000 empleados) y la sentencia que vio afinidad al PP de miembros habituales de tribunales de oposición.
