Pero el ataque de la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, no es el primero que sufre la judicatura por parte de políticos vinculados al gobierno municipal socialista, cuestionando tanto sentencias como instrucciones que se realizaron o están en marcha, o por presuntos delitos cometidos, y que llevaron a generar tensión, aunque sin que se produjeran actuaciones concretas.

Así, la edil de Urbanismo y teniente de alcalde, Áurea Soto, arremetió en julio del pasado año con especial virulencia contra la judicatura, eligiendo como diana a los jueces de instrucción, a los que llegó a acusar de "confundir" investigación con condena. "Los jueces pueden investigar lo que consideren, pero no pueden quebrar el Estado de derecho e intentar engañar y confundir el investigar con el condenar".

Con este antecedente, algunos miembros de la magistratura se alude a la necesidad de acabar con estas "acusaciones", ya que "no tienen ningún tipo de fundamento", por lo que en su momento, y más allá del comunicado que los jueces hicieron público rechazándolas, no se descarta la necesidad de adoptar otro tipo de actuaciones, por entender que "no se puede hacer esas acusaciones y que no pase nada".