Un auto de la Audiencia Provincial de Ourense trastoca el plan del juez instructor de exigir fianza para poder ser parte en la causa contra el gobierno de Ourense por los contratos fijos a personal externo. Ante el aluvión de casos, sectores de la judicatura vieron conveniente disuadir de acciones interesadas pidiendo un depósito para poder actuar. A un año vista de las elecciones, rivales políticos y sindicales del gobierno podrán condicionar el ritmo del proceso como acusaciones.
El grupo municipal del PP podrá influir en el proceso penal contra los imputados del PSOE. Los magistrados aceptaron parte de su recurso de apelación después de que el instructor denegara su acceso a las diligencias. La Audiencia revoca esa decisión y no exige fianza, aunque limita su margen de maniobra. Los populares solo podrán dirigir su acción a "los hechos por los que ya venía discurriendo el proceso".
En enero, llevaron al juez 400.000 euros en sucesivos contratos y facturas a un despacho de abogados y un estudio de arquitectura, adjudicatarios habituales desde el primer bipartito. Las fuentes legales entienden que el PP no podría utilizar estos hechos en la causa de las asistencias técnicas. El grupo no descarta presentar una querella diferenciada si lo estima adecuado en su momento. El PP sí podrá intervenir en el curso actual de la instrucción. El próximo 2 de junio están citados a declarar tres nuevos imputados, la directora de Personal entre ellos.
USO y CIG pedirán no pagar
Mientras, tanto USO como CIG, los sindicatos que judicializaron los hechos con una denuncia común, alegarán para entrar en la causa sin pagar fianza. La segunda central había renunciado tras acudir a la Audiencia sin respuesta a favor; y la primera presentó un recurso después de que el juez fijara como requisito un depósito de 3.000 euros. Pero la decisión de la Audiencia sobre el PP cambia las tornas. Fuentes sindicales creen que el auto, con todo, requiere que primero se admite su personación para que el PP acceda.
