María y Eduardo, nombres ficticios, dominicana y marroquí con nacionalidad española, comparecen ante una funcionaria de la delegación territorial de la Xunta de Galicia para inscribirse como pareja de hecho y el trámite queda resuelto. En una semana reciben en el domicilio que hayan declarado un documento que desbloquea la tramitación de residencia ante la oficina de extranjeros de la Subdelegación del Gobierno. Exista o no su relación. "El problema surge cuando recientemente el Tribunal Constitucional da plena validez a las parejas de hecho como si fueran matrimonios convencionales", contextualizan fuentes jurídicas. Fiscalía y Obispado alertaron durante años de la existencia en Ourense de matrimonios de conveniencia para conseguir la nacionalidad española.

El aluvión de amaños de enlaces destapados en Ourense en una operación contra la inmigración ilegal con quince detenidos, aviva las críticas contra la norma que las ampara, de marco autonómico. "Quizá el legislador deba llevar a cabo una reforma y endurecer los criterios. Las comprobaciones hasta la fecha se han demostrado que son mínimas", confiesan fuentes de la administración central que confiesan contactos para actualizar la normativa y dificultar los fraudes. "Solo hay una funcionaria en la Xunta dedicada a recibir y revisar toda la documentación", señala un abogado de Ourense. "La ley debe tener en cuenta la posibilidad de la picaresca, más que nunca hoy en día", completan las voces de la administración central.

Ni convivían en el domicilio donde aseguraban residir ni tan siquiera se querían. Investigando su entorno personal, acudiendo a direcciones, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ourense comprobó durante siete meses la cadena de artificios y engaños que una dominicana, su marido y otra mujer, de 56 a 61 años de edad, todos ellos residentes en Ourense, presuntamente llevaban a cabo para regularizar a extranjeros aprovechando la laxitud de la ley.

Desde la Xunta de Galicia, ponen sus peros a los reproches. "Cuando se detecta una posible irregularidad, la funcionaria da parte al jefe de sección y este al jefe de servicio, y se comunica a la Fiscalía y la Subdelegación del Gobierno", aseguran las fuentes del gobierno gallego. Según esta parte, "hace unos dos años, mucho antes de que fructificaran estas investigaciones, se realizó un seguimiento a determinados expedientes y se percibieron sospechas de posibles engaños".

En una de las mayores operaciones contra la inmigración ilegal, la Comisaría de Ourense detectaba a finales del año pasado un aumento de parejas de hecho sospechosas y la preponderancia de personas de origen dominicana legalizadas mediante los enlaces. Entre noviembre y junio, los agentes de la brigada provincial especializada arrestaron a un total de 15 personas, dos de ellas en A Coruña y el resto en la provincia de Ourense. Los tres supuestos integrantes de la red de inmigración ilegal habrían amañado un total de 107 parejas de hecho fraudulentas.

Los extranjeros entraban en España con visado de turistas, llegaban a Ourense y, una vez que les vencía el permiso de estancia legal, se beneficiaban de los supuestos enlaces falsos que daban paso a la tramitación de papeles. Los implicados captaban a clientes potenciales con escasa formación y les encontraban, supuestamente, personas con las que simular la unión.

Una vez que el registro como pareja de hecho con el visto bueno de la Xunta está formalizado se abre la puerta a la tramitación de residencia como familiar comunitario. La sencilla realización de papeles para adquirir la estancia legal propicia, tal y como señalan fuentes policiales, que se generen un interés de negocio de tipo delictivo. Los tres últimos detenidos en la operación de extranjería percibían, en la mayor parte de los casos, 500 euros por cada trámite. La Policía Nacional de Ourense les atribuye la realización de 107 presuntos amaños de parejas de hecho en Ourense. Toda la tramitación bajo pago de los inmigrantes ilegales llevaba a los imputados incluso a ser testigos de las inscripciones por registro y a alquilar viviendas para empadronar a las parejas de hecho.

Tras el descubrimiento policial del fraude, la Subdelegación del Gobierno de Ourense, donde se llevan a cabo las solicitudes de residencia una vez que la Xunta concede el enlace de hecho, ha declarado nulos la totalidad de vínculos ficticios y destruido, en consecuencia, las tarjetas de residencia de los beneficiados, que tendrán que salir del país. En octubre de 2012, en otra causa distinta que sigue instruyéndose, una abogada de Verín y otros dos hombres eran detenidos por otros 35 presuntos amaños de falsos enlaces.