Un papel como decidida oposición en el Concello de Ourense y un rol antagónico en el gobierno provincial. De por medio, apenas 400 metros de distancia en línea recta. El PP, en el centro de las denuncias por supuesto enchufismo en la Diputación, con su máximo exponente durante dos décadas, José Luis Baltar, imputado por presunta prevaricación continuada en una oleada de 104 contratos, está decidido a ejercer acciones penales contra el gobierno local de la capital por supuestas altas irregulares. La misma medicina. Así lo reafirmó ayer el portavoz del grupo municipal del PP, Rosendo Fernández, aguerrido en el ayuntamiento de color socialista y adherido a la voz presidencial de Baltar hijo en la Diputación, donde ostenta el cargo de vicepresidente con salario de director xeral.

"Estamos esperando que el Concello nos dé documentación y los reparos que existen al respecto del interventor por escrito. Cuando nos los remitan iremos a la autoridad judicial. Si no, se lo pasan por el forro", verbalizó el portavoz. Los populares endurecen el tono contra la política de personal del PSOE en la ciudad, como si fuera un contraataque en pleno desarrollo del caso Baltar. El PP alude a la presunta ilegalidad de 34 contrataciones -conserjes, operarios de cementerios o topógrafos- que habrían vulnerado un Real Decreto de 2011 que impedía dar de alta a personas sin justificaciones de urgencia. El gobierno local, que ayer eludió dar la réplica para desmenuzarla este viernes en el pleno, defendió los puestos como condición indispensable para mantener "servicios públicos esenciales", según respondía la responsable de Personal, concejal no electa, Carmen Dacosta.

El Abogado del Estado ya se ha decidido a impugnar ocho de estos contratos por vía contencioso administrativa después de que la oposición popular presentara el listado ante la Subdelegación del Gobierno. Pero el PP vislumbra, al igual que la justicia achaca a su exlíder, un posible delito de prevaricación cometido presuntamente por los socialistas del concello.

"Una política de personal nefasta", acusó el concejal José Luis Valcarce, exdelegado sindical. El edil atizó nuevamente contra las contrataciones del PSOE sacando a relucir las asistencias técnicas municipales, un recurso a personal experto sin vinculación al concello que, según fuentes del PP, han reclamado en varios casos para entrar a formar parte de la plantilla tras la reiteración de contrataciones y el empleo de dependencias y material del consistorio, con el mismo horario que la plantilla real. "Cogen a quien les da la gana por la puerta de atrás", acusó el concejal.

Los populares aseguran que hay expertos que se mantienen hasta tres años en relación con el Concello y que renuevan. "En un solo año se han gastado más de 366.000 euros y en este mandato calculamos que superarán los 1,4 millones de euros", señaló ayer Valcarce Baiget.También esta materia han existido reparos y advertencnias de legalidad del interventor.

"Que ante una necesidad puntual y urgente de contratar una asistencia técnica se haga con publicidad para garantizar la igualdad de oportunidades", exigirá el PP este viernes en el pleno de gobierno. El PP vuelve a la carga con la materia pese a que la última asistencia externa contratada -según el perfil de contratante de la web municipal- se retrotrae a julio de 2012 por un importe de 30.000 euros y para asesoría urbanística. Entonces todavía regía la corporación el exregidor imputado en la Pokémon, Francisco Rodríguez. El PP preguntó a principios de año si su defensa, que en un principio ejerció un letrado urbanista contratado por unos 35.000 euros con este tipo de asistencias, fue pagada con cargo a dinero público.

En el pleno los populares también apuntarán al actual regidor, Agustín Fernández. Cuando aún era edil de Hacienda los presupuestos se aprobaron nueve meses tarde. El PP urge la aprobación de las cuentas de 2013, ya pasadas de plazo, para poder desbloquear inversiones y evitar el "estancamiento", expresó ayer Rosendo Fernández.