Después de cinco meses de espera, el portavoz de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, decidió presentar ayer en la Fiscalía un escrito denunciando la negativa del gobierno bipartito a entregarle la documentación solicitada, en concreto varias facturas de 2010 relativas al pago que se realizaron a determinadas empresas.

A este respecto, advierte en su escrito que "tememos que se trata de facturas que podrían esconder una malversación de fondos públicos", apuntalando esa consideración en que algunas de estas facturas están "reseñadas como no conformes" por el interventor municipal, y sobre las que emitió "diversos reparos", aunque luego fueron pagadas por el gobierno bipartito, con el aval del decreto firmado por el alcalde, Francisco Rodríguez, algo que convirtió en habitual en el anterior mandato.

Pérez Jácome pone en conocimiento de la Fiscalía que el pasado 5 de julio de 2011 solicitó, como portavoz de Democracia Ourensana, una serie de facturas del ejercicio de 2010 y con posterioridad las volvieron a demandar en diversas juntas de área, como quedan acreditadas en la documentación entregada. Además de subrayar que en el último pleno, el pasado viernes, 4 de noviembre (del que todavía no hay acta oficial), le recordó este tema directamente al alcalde, que alegó desconocimiento y se disculpó con un: "No sé cuáles son esas facturas", pero a día de hoy siguen sin entregarlas.

Control

Ante esta situación, el portavoz de Democracia Ourensana señala que "nos vemos en la necesidad de recurrir" a la intervención de la Fiscalía, por entender que "se entorpece e impide nuestra labor de concejales de la oposición en el Concello de Ourense".

Y también alude a una vulneración de sus derechos como cargos electos, y recalcó que "la información es instrumento fundamental" para poder ejercer su labor de control y fiscalización de la gestión del gobierno municipal.

De nada sirvieron las reiteradas peticiones que hicieron el 27 de julio, el 31 de agosto, el 19 de octubre y el 26 de octubre en la junta de área, y que llevaron a la concejala Susana Gómez a calificar de "tomadura de pelo" la actitud del concejal de Economía, Agustín Fernández, que a la última petición que le trasladó la edil de Democracia Ourensana se despachó con un: "De ese tema ya hablaremos la próxima", en alusión a las facturas de una empresa local, y que podrían derivar en un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Y eso que en el pleno de octubre, en una moción presentada sobre el derecho a la información de los grupos municipales en el Concello de Ourense, Democracia Ourensana dejaba patente que el derecho a la información de los concejales, como representantes de los ciudadanos, constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución en su artículo 23 y en el 9.2.

Pero ni así, ya que, aunque volvieron a insistir, por parte del bipartito no se facilitó las facturas requeridas, lo que lleva a Pérez Jácome a pensar que después de cinco meses "dándonos largas, algo tiene que haber", y el informe del interventor deja constancia de ello.