En diciembre pasado tuve un episodio de fibrilación auricular, por el cual el cardiólogo me prescribió tratamiento anticoagulante. En principio, y de manera gratuita, me suministraron un fármaco de última generación que no financia la Seguridad Social, pero que tiene, según el médico, “innumerables ventajas sobre el sintrón”. Al mes de tratamiento, me pasarían al sintrón que sí está subvencionado, a no ser que pagase de mi bolsillo el anticoagulante “bueno” (unos 90 euros al mes). Para que sea financiado, el nuevo anticoagulante debe ser autorizado por el inspector farmacéutico, aunque me dijo el médico que en mi caso (y en casi todos) me lo denegaría con toda seguridad. Estoy pagando los 90 euros al mes, a pesar de que en otras comunidades, como Castilla León o Extremadura sí se financia este fármaco. También se autoriza su financiación a los miembros de Muface o Isfas que eligen prestación sanitaria a través de una mutua privada, por ejemplo Adeslas.
Yo pertenezco a Muface, pero preferí la atención sanitaria del Sergas, lo que me penaliza con 90 euros al mes, una cantidad nada despreciable para un pensionista. Pido a la Xunta de Galicia que reconsidere sus criterios y admita la financiación de estos nuevos anticoagulantes, que evitan a los pacientes muchos riesgos y molestias, como los frecuentes controles. Además, se eliminarían las “colas del sintrón”, que todos los usuarios del Sergas conocemos.
