Hemos de considerar que el estado de alarma decretado por el Gobierno en la primera ola de la pandemia, con el consiguiente confinamiento de la ciudadanía de este país, y que el Tribunal Constitucional acaba de anular, no ha sido un capricho ni una ocurrencia, sino una impopular y valiente medida preventiva, tan necesaria como eficaz, que, como dice el Ejecutivo, permitió salvar varios cientos de miles de vidas. Y en una situación de extrema gravedad, que todavía seguimos soportando, eso es lo realmente importante.

Según el Constitucional, en lugar del estado de alarma tendría que haberse declarado el estado de excepción. ¿Habría cambiado en algo el resultado de haberse aplicado ese otro instrumento legal? Rotundamente no. Lo significativo era tomar una decisión urgente para frenar el avance de la pandemia. Las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, obviando formulismos innecesarios para la resolución y ejecución de las actuaciones.

En una situación tan grave como la provocada por la pandemia del COVID-19, que Vox haya presentado recurso de inconstitucionalidad del estado de alarma, alegando vulneración de derechos fundamentales, representa una bajeza moral sin paliativos. Una acción vergonzosa e interesada, inducida por una desmesurada ambición de poder y un descarado afán de notoriedad. La cuestión es hacer ruido. Cuanto más, mejor. Malgastando, inútilmente, tiempo y recursos que nos pertenecen a todos.

Tenía razón Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.