¡Alerta marinenses!

Los repetidos hechos que lamentablemente fueron registrándose desde hace siglos, en relación con los problemas, intereses y aspiraciones de Marín, constituyen, sin duda, un grave proceso de decadencia, que amenaza con la anulación de un pueblo libre y dueño de su propio destino, cuyo mayor pecado consiste en confiar ingenuamente en las promesas de los que se dicen sus grandes y generosos valedores y defensores.

Es bochornosamente significativa la lista de “expropiaciones forzosas”, que, de nuestro patrimonio común, de lo que, por justos títulos, es propio de nuestro pueblo, se han consumado, al correr de los tiempos, sin que los marinenses hayan hecho otra cosa, salvo contadísimas ocasiones, ante la reiterada “expoliación”, que lamentar resignadamente el impune despojo.

Esta constate tendencia viene de antiguo, pues después de haber transcurrido pacíficamente la vida en el priorato de Osera durante los tiempos medievales, al correr del siglo XV, comienza un periodo de ataques y violencias contra el patrimonio de Osera, cuyas ricas posesiones suscitan la codicia de los nobles. Empezando por el poderoso Conde de Altamira, Don Lope Sánchez de Moscoso, que ejercía la encomienda de la Villa y Coto de Marín, que pone sus miras en la riqueza que poseía y trata de alzarse con la plena posesión de sus términos. Cosa que impidieron los Reyes Católicos, ante la presentación por parte del Abad Don Suero, de los atropellos y agravios, exponiéndoles las tropelías y abusos, que dictaron el 4 de noviembre de 1486, la Real Carta dando la razón a Osera y que fue pregonada al día siguiente en Santiago, y comunicada al Gobernador del Reino de Galicia. Pero como las cosas siguieron igual el 21 de diciembre del mismo año, se publica una nueva Carta Real ejecutoria conminando a la inmediata devolución de los territorios y su jurisdicción, con la prohibición absoluta de entrometerse en la jurisdicción de la Villa, que eran pertenencias del Monasterio en Marín. Pero aun así hasta el 11 de enero del año 1487 no se celebró el acto formal de reintegración del señorío de Marín a su dueño natural, el Abad de Osera.

También los prelados compostelanos, “emprendiendo la huella marcada por los señores feudales”, cometieron otros actos de intromisión en los términos del Coto de Marín. Como la Mitra Compostelana, que comienza con el arzobispo Don Alfonso IV, y prosigue Don Juan Tabera y Don Pedro Sarmiento, pues al lado de las reivindicaciones justas, se ejecutan otras que iban contra los derechos del Señorío abacial de Marín. Mas tarde, en 1550 Don Juan Alvarez Toledo insiste sobre el acoso a la Villa y Coto de Marín. Como el arzobispo Don Gonzalo de Zúñiga y Avellaneda, en 1559, al cual la Cancillería de Valladolid sentencia el 25 de setiembre de 1562, a favor de la Mitra, la de 1 junio de 1571, en la que se dicta en la Cancillería de Valladolid, en la que se zanja definitivamente, revocando el fallo de 1562, bajo la pena de 50.000 maravedíes, a devolver lo usurpado al Monasterio de Osera y a no entrometerse más en la jurisdicción y Coto de la Villa de Marín. Aun así, hubo otros que insistieron como Juan de San Clemente, en 1582, Don Maximiliano de Austria en 1603, sin otro resultado que mostrar una extemporánea tenacidad, cortada por la Carta ejecutoria de 1573, que reafirma los derechos de Osera.

En el siglo XIX, con motivo de la creación de los ayuntamientos constitucionales de 1836, vuelve a cometerse otra “cacicada”, al separar del ayuntamiento de Marín la parroquia de Lourizán, como estaba aprobado, e incluirlo en el ayuntamiento capitalino, dividiendo al núcleo urbano Cantodarea-Estrivela, esgrimiendo razones que solo con leerlas no se sostienen, como por la cercanía y facilidad para hacer víveres, de risa. Posteriormente el traslado del Lazareto de Tambo, la pérdida de la linera de trasatlánticos con América, la tardanza en llegar el ferrocarril al puerto, la supresión de la Comandancia de Marina, que siendo Marín su capital le quiso denominar de Pontevedra, la instalación en la vecina capital de la Oficinas de Obras de Puerto, Comisaría de Policía, la falta de Polígono Industrial, etc. Para acabar ahora tratándonos de arrebatar la titularidad del puerto.

Todo esto, y más, es motivo más que suficiente para presentar un “memorial de agravios”, a los poderes públicos, en demanda de la reparación de los derechos de un pueblo a conservar lo que por derecho propio es suyo y se le fue arrebatando por los manejos de la politiquería y del caciquismo encubiertos bajo las apariencias de mejorar servicios, hacer economías y velar por los altos intereses del Estado, cuando contrastan el abandono de toda clase de funciones, se gastan por doquier ingentes sumas, sin justificación nacional y se dan al olvido las justas necesidades de los pueblos. Por eso debemos de estar alerta, y unirnos decididamente en defensa de nuestros legítimos intereses.

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