El arte de levantar reparos

Trade-offs dicen los británicos. Suministros o servicios sin contrato que los ampare. Incumplimientos de la normativa contractual. Incumplimientos de requisitos o trámites esenciales en los procedimientos. En los últimos tiempos asistimos a una creciente difusión de noticias en relación con reparos o discrepancias entre los órganos de control interno en el sector público, y los órganos que tienen encomendada la gestión y dirección de las entidades. En caso de discrepancia, y como última ratio la norma prevé que de forma motivada la voluntad del órgano de representación prime sobre la opinión del órgano de control. De la lectura atenta del debate, da la sensación que el modelo se cierra aquí, con vencedores y vencidos.

Sin embargo, si vamos más allá de los instrumentos concretos y buscamos la lógica del sistema, descubrimos como no se está aplicando en su integridad y con esa lógica de sistema completo y coherente, y en concreto se obvian aquellos componentes esenciales para la mejora de la gestión pública. Nos quedamos con las herramientas, y nos olvidamos del sistema, la cultura administrativa y la rendición de cuentas real y efectiva. El sistema prevé –con escaso éxito en su aplicación práctica– dos elementos protagonistas olvidados: un informe-resumen anual del control y sus impactos, y, especialmente, un plan de acción aprobado en el plazo de tres meses por los órganos que tienen encomendada la dirección, en el que se incluyan las medidas a adoptar para que no vuelva a pasar, para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos.

Que existan reparos en la gestión pública, al contrario de la percepción ciudadana, es una buena noticia, un indicador de robustez y madurez del sistema de control. La situación contraria es preocupante. La clave está en la respuesta a esas “banderas rojas” y qué medidas se adoptan para evitar que lo coyuntural se convierta en estructural.

El 1 de diciembre entra en vigor la obligación ya para todas las entidades del sector público, incluidos los municipios de menos de 10.000 habitantes de contar con canales de denuncias internas y mecanismos de protección a los informantes, con una lógica clara: priorizar la denuncia interna, para que se puedan resolver, gestionar las alertas y tomar medidas antes de que se conviertan en fraudes, que requieran la reacción a través de la sanción.

Decía Cicerón que eso que llamamos buena ciudadanía requiere imitar con decoro, pues bien, cuando se trate de levantar reparos, importante recordar el decoro, tener en cuenta la naturaleza de cada entidad y también sus medios, pero fundamental no olvidar el plan de acción con medidas concretas, plazos y transparencia.

*Conselleiro do Consello de Contas de Galicia

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