Supermercados franquistas

Una ministra de algo, Ione Belarra, ha encontrado la fórmula mágica para bajar los precios de la comida. Bastaría con fundar una cadena de supermercados públicos para que los productores cobrasen más por sus mercancías y los consumidores pagasen menos por ellas. El Estado, versión secular del Espíritu Santo, obraría el milagro.

Quizá Belarra lo ignore por razones de edad o de estudios, pero esa idea ya se le había ocurrido hace casi setenta años a Alberto Ullastres, ministro de Comercio de Franco.

Los primeros supermercados de España los montó el Estado –franquista– por medio de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes que, curiosamente, se encargaba también de expedir las cartillas de racionamiento durante la larga posguerra.

Aquellos pioneros establecimientos nacidos a finales de los años cincuenta obtuvieron de entrada un notable éxito de público. El propio Franco se animó a presidir la inauguración de uno de ellos en A Coruña.

Pronto se extendieron por medio país, con lo que el Estado se puso a la tarea de vender lechugas y tomates para desgracia de las tiendas familiares de toda la vida.

La iniciativa privada tardaría aún un par de años en entrar al entonces novedoso negocio, pero incluso con esa demora terminó por imponerse a los establecimientos vagamente soviéticos de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Los súper del Estado acabarían por venderse o echar el cierre y de ellos nunca más se supo hasta que ha venido la ministra Belarra a hablar del asunto.

No proporciona la ministra y secretaria general de Podemos particulares detalles de su proyecto de Supermercados del Estado, pero más o menos se intuye lo que quiere hacer. Si algo se parece a un sistema autárquico de patente fascista es, como se sabe, un sistema autárquico de patente comunista. Los dos coinciden en que el Estado administra mejor la economía que los particulares ávidos de ganar pasta, dónde va a parar.

Lo incómodo de esas coincidencias es que, sin advertirlo, los revolucionarios de la hipoteca ahora convertidos en ministros sigan ejerciendo la nostalgia del régimen del Innombrable. Se empieza pidiendo una cadena de súper gerenciada por el Estado y, degenerando, degenerando, acaba uno en la reclamación de un Instituto Nacional de Industria, unos buenos monopolios y unos Planes de Desarrollo como aquellos con los que Franco imitaba a los quinquenales de la URSS.

Si a eso se añade el fuerte carácter moralista de Podemos en materia de costumbres, esta de los supermercados del Estado podría no ser la única medida que encontrasen de utilidad en los armarios del fenecido régimen franquista. Además de los súper, aún quedan por recuperar los economatos de empresa, la costumbre del aguinaldo, las juntas contra la pornografía y los monopolios de la gasolina y del tabaco.

Mejor será que los asesores de Podemos vigilen en lo sucesivo si las medidas a proponer por las ministras –como los Supermercados del Estado– han sido o no ejecutadas anteriormente por el Franquismo. No vaya a ser que algún partido franquista de los que aún quedan les ponga una demanda por plagio.

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