Los augures

Hay quien ha establecido como costumbre recomendable la de no fiarse de los que creen tener siempre razón y menos todavía debatir con ellos. Seguramente, porque la experiencia dice que ese tipo de gente termina casi siempre por discutir y utilizar la violencia verbal para tratar de hacer valer sus teorías. Podría ser el caso de algunos de los científicos de la UE que elaboran, en el tema pesquero, unos informes que, al menos por las reacciones del sector, están dirigidos a coincidir con los conservacionistas de las especies piscícolas más radicales de cuantos que abundan en el escenario de Bruselas. Y que, además y como queda dicho, suelen descalificar a quienes no comparten sus consideraciones.

Y es que los consideran enemigos del medio ambiente natural y, en definitiva, del planeta. Ocurre que existe disconformidad de otros científicos tan válidos al menos como los del Instituto que trabaja para la UE y elaboró los informes que ahora parece dispuesta la Unión a asumir, como si fueran una verdad revelada por los viejos métodos de los augures, y a poner en vigor, olvidando que además de las criaturas que habitan en su medio natural, que es el mar, hay otra especie, la humana, que vive del mar. Y que no se trata de enfrentar, sino de hacer posible que subsistan respetándose todos los derechos. Que, dicho sea de paso, son del todo compatibles.

Cierto que durante mucho tiempo no todas las actividades pesqueras respetaron el sentido común, primero, y, después, la legalidad internacional, pero ya no se puede generalizar sin más y en ningún caso considerarlo un argumento válido para poner al borde de la ruina a millares, por no decir cientos de miles, de familias europeas. Y no se trata de negar que la ciencia debe ser atendida cuando hace su papel, pero no tanto como para tomar como un dogma todo lo que concluya. Sobre todo cuando una parte de ella introduce matices tan importantes como procurar que se puedan compaginar dos posturas que –conviene insistir– no tienen por qué ser antagónicas en absoluto.

Conste que no se trata de descalificar sin más lo que no se conoce con detalle, ni debatir desde fuera acerca de asuntos que son propios de auténticos expertos. Pero sí de defender los derechos legítimos –tanto al menos como los de los conservacionistas– de una población que es la principal interesada en no destruir aquello de lo que obtiene trabajo y progreso. Pero tampoco puede omitirse el hecho de que los augures que vaticinan el fin del medio marino si no se atiende a sus conclusiones, apenas tienen en cuenta el dato –indiscutible– de que admiten en los mercados “protegidos” el resultado de la tarea de quienes la ejercen sin ningún tipo de respeto a las normativas internacionales.

Ver, en la Unión Europea, actuar a quienes tales tácticas practican es un ejercicio no de protección, sino más bien de cinismo. Por eso, en definitiva, hay argumentos para poner en cuestión un informe que omite las consecuencias de tipo social que supondrían su plena aceptación. Desde luego, Galicia no puede admitir un veto casi absoluto a la pesca de arrastre que limita 117 caladeros de fondo a los que ha tenido acceso histórico. El problema es que, además de discrepar con el criterio de la Unión, se puede unir a la desgracia la relativamente poca importancia que para los PIB de la mayoría de los socios –incluyendo a España– tiene el sector pesquero, y eso convertiría la cuestión de su supervivencia en un asunto “menor”. Y es ahí donde se necesita una acción decidida ante la Unión para que recapacite antes de la decisión final. Después tendría mal remedio.

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