Ahora, Puigdemont

La vida política de Pedro Sánchez, la transcurrida al menos desde 2014 cuando sucede a Rubalcaba en la Secretaría General del PSOE y hasta ahora mismo, apenas deja tiempo para el respiro o la humana revisión de lo hecho. Desde esta perspectiva fluente, torrencial, el presidente del Gobierno es un hombre de su tiempo, caracterizados ambos por la aceleración constante. Puedo imaginar a Sánchez correteando al alba por los jardines de Moncloa, antes de darse los buenos días por videoconferencia con Von der Leyen, apurar un café entre dosieres del inmediato consejo de ministros y elegir, con atención, la camisa de camuflaje para volar al frente de Ucrania por la tarde. Puedo imaginarlo disciplinado y diligente cumpliendo con esta cadena infinita de compromisos a la que llamamos gestión política, empujando los asuntos, siempre adelante y lo supongo, ahora también, expectante ante la necesidad de resolver la situación de Carles Puigdemont, tantos años después.

Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra el presidente de la Generalitat huido a Bélgica, ha ajustado los nuevos tipos penales aplicables a éste y otros líderes del ‘procés’. Se deroga el delito de sedición, pero se mantiene el procesamiento por malversación –modificada– y desobediencia. Puigdemont, en consecuencia, ve muy aliviadas sus responsabilidades penales y se da como probable su presencia y entrega en España para un futuro próximo.

Hasta ahora, Sánchez y Aragonés, actual presidente de la Generalitat, habían avanzado en una agenda compartida de desinflamación de la revuelta de los catalanes de 2017, logrado el retorno a la política de partidos, desmontando el anterior frente unido independentista y conseguido que Esquerra Republicana ocupara la posición hegemónica en detrimento de los herederos directos de Jordi Pujol y... Puigdemont. En el horizonte, salvados tantos obstáculos, asoma un nuevo Estatut que tendría la cualidad, perfectamente normativizada y constitucional, de ser refrendada no solo por la sociedad catalana sino por las propias Cortes españolas.

Ahora, en este paisaje idílico que empieza a dibujarse, Sánchez y Aragonés, la sociedad española y la catalana –las partes de ellas que todavía creen en la política–, tienen que gestionar y digerir el sapo Puigdemont. Un asunto que amenaza con agitar la actualidad política y judicial española de los próximos meses con nuevos sobresaltos, gesticulación y secreción hormonal a borbotones. Es mucho el camino recorrido desde 2017, es posible intentar de nuevo la reforma del Estatut, pero antes hay que resolver el caso Puigdemont y los otros huidos. Siempre, claro, que no aspiren a convertirse en eternos exiliados de un país que avanza al ritmo acelerado de Sánchez.

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