Una nueva selectividad de consenso e igualitaria

Si hay tres elementos especialmente contraindicados sobre la pervivencia y la eficacia de una norma son las prisas, la falta de consenso y la ausencia de un espíritu igualitario. Si la ley atañe al ámbito educativo –en lo que los vaivenes, los golpes de timón y las ocurrencias impulsadas en muchas ocasiones por modas woke pasajeras han sido moneda corriente durante décadas–, esos tres elementos se convierten en imprescindibles. A pesar de que la experiencia nos ha demostrado que tanto experimento normativo –que se ha traducido en ocho leyes sectoriales aprobadas desde 1980, una sopa de siglas y más siglas imposibles de retener– solo propicia un empeoramiento de la calidad de la enseñanza, un desconcierto de profesores, padres y sobre todo alumnos y, en definitiva, el caos, el Ministerio de Educación de Pilar Alegría parece seguir empeñado en transitar un camino que solo conduce al fracaso. La renovación de la selectividad, conocida ahora en Galicia como ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) y en otras partes del territorio español como EVAU, demuestra que el Gobierno mantiene su obstinación en tropezar con la misma piedra.

La iniciativa del ministerio parte de una premisa que casi todos comparten: es necesario darle una vuelta de tuerca a la selectividad, modernizarla, adaptarla a los nuevos tiempos. Educación aspira a que la nueva prueba sea más competencial, menos memorística y coherente con la forma de enseñar que defiende la nueva ley educativa, Lomloe. Se trataría de sustituir ese modelo tradicional por otro en el que los alumnos aprenden a aplicar los conocimientos y a relacionarlos entre sí a la vez que adquieren habilidades más acordes, útiles, con el mundo real.

Uno de los aspectos más polémicos, el nudo gordiano de la norma, que introduciría la ABAU es la prueba de madurez académica. Este examen, a partir de textos de opinión, literarios o infografías de asignaturas troncales, consistiría en preguntas tipo test; otras con espacios en blanco que debería completar el alumno y tres cuestiones generales de desarrollo en las que podrá emplear un máximo de 150 palabras cada una. La cultura del tuit aterriza en la enseñanza. La pregunta parece pertinente: ¿de verdad que esta es la mejor forma de medir la madurez de un joven? Y una segunda cuestión: ¿está el profesorado preparado para implementar este modelo? Porque la falta de falta de programas ambiciosos de formación del profesorado, la precipitación de los nuevos decretos curriculares, y la inexperiencia de docentes y estudiantes en este tipo de pruebas parece apuntar a una respuesta evidente: no.

"La iniciativa del ministerio parte de una premisa que casi todos comparten: es necesario darle una vuelta de tuerca a la selectividad, modernizarla, adaptarla a los nuevos tiempos"

La ABAU que promociona el Gobierno no solo condicionará la nota de entrada a los estudios universitarios –y en consecuencia el futuro de generaciones–, sino también la forma en que se enseñará durante el Bachillerato. Dicho de forma más clara: reformar la selectividad es, en realidad, reformar el Bachillerato, una operación de gran calado y de evidentes riesgos.

El empecinamiento de Educación en sacar adelante una norma tan contestada parece flaquear, aunque las razones quizá tengan que ver más con el escenario electoral que se avecina –comicios municipales y autonómicos en 2023– que con un ejercicio de contrición. Porque el ministerio ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de la polémica norma, que no sería efectiva hasta 2028. En ese año que se gana, el ministerio intentaría mejorar el modelo.

Ese pasito hacia atrás, sin embargo, no ha satisfecho a la legión de opositores que suscita la futura ABAU. Porque todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Galicia incluida, la rechazan de plano y exigen poner el reloj a cero y ya adelantaron que no participarán en una posible mejora de la ley, una posición tan legítima como discutible porque si se autoexcluyen, cómo pretenden que se atiendan sus demandas. En educación, como en tantas otras materias, las actitudes maximalistas, de todo o nada, no suelen conducir a nada bueno. Intentar echarle un pulso al Gobierno, pretender que el ministerio acepte, sin más, ese trágala o jugar con la educación como baza electoralista para castigar a tu adversario tampoco son la senda por la que debería guiarse una acción política pretendidamente responsable.

"En educación, como en tantas otras materias, las actitudes maximalistas, de todo o nada, no suelen conducir a nada bueno"

Pero los opositores a la ABAU se encuentran en otros ámbitos e instituciones ajenas a la contienda política. Como el de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), una institución que no acostumbra a tomar posición en asuntos políticos. Y la Real Academia Galega. Y la mayor parte de los colectivos de profesores vinculados a filosofía, literatura o lenguas.

La Xunta rechaza de plano el modelo de ABAU por, en síntesis, dos razones: porque no solo no soluciona el problema de la desigualdad que, a su juicio, implica el modelo actual, sino que lo agrava; y porque el examen de madurez “diluye la cultura del esfuerzo”. Las razones son de peso y bien haría la ministra en tenerlas en consideración.

Aunque el ministerio alega que es imposible una selectividad homogénea en todo el Estado porque sería violar las competencias autonómicas –las comunidades fijan hasta el 50% de los currículos–, la realidad es que el modelo actual es manifiestamente injusto con los estudiantes gallegos, como hemos venido denunciando en las páginas de FARO. Es tan imprescindible fijar contenidos comunes como unificar los criterios de corrección (en algunas comunidades se suspende por faltas de ortografía y en otras se hace la vista gorda). ¿Cómo es posible que Galicia esté entre las comunidades con peores notas de selectividad al tiempo que está entre las mejores, según el informe europeo de PISA, en competencias matemática, científica o lectora? Y esta contradicción es algo más que un juego de números. Porque penalizar a los estudiantes gallegos –hasta un 1,3 puntos menos que la media nacional– es cercenar sus oportunidades de futuro, su vocación, sus expectativas.

Las razones para cambiar la tradicional selectividad son muchas y de peso. Pero tan perjudicial es adoptar posiciones inmovilistas y tancredistas como lanzarse a una revolución educativa sorda a los intereses y al juicio de los colectivos e instituciones afectadas, en este caso damnificadas. Con la moratoria de un año el ministerio de Alegría dispone de una magnífica oportunidad para hacer algo que tanto pretende impulsar en su proyecto de ABAU: escuchar, comprender y responder y, en este caso, rectificar. Con consenso, que no se puede entender como claudicación, y sin prisas. Para evitar que el nuevo modelo educativo obtenga, una vez más, un estrepitoso suspenso.