Tras las elecciones de 2021 la coalición entre ERC y JxCat se hizo esperar. Al final, un pacto entre Pere Aragonès y Jordi Sànchez, entonces secretario general de Junts, la hizo posible. Pero quedó claro que había sectores de Junts contrarios y flotó la reticencia de Puigdemont. Si Junts investía a Aragonès y estaba en el Govern, la autoridad moral del president legítimo perdería glamur.
Luego han pasado cosas. Una, la dimisión del correoso Jordi Sànchez y su relevo por Jordi Turull, que aunque viene de la antigua CDC, es más sensible a las presiones de Waterloo. La otra, que ERC ha seguido su estrategia –mesa de diálogo y negociación con el PSOE– convencida de que es la única posible y que limitarse a proclamar la vigencia del referéndum del 1 de octubre no lleva a ninguna parte. Y el apoyo de ERC al cese en la presidencia del Parlament de Laura Borràs –con un juicio abierto por favoritismo (corrupción)– ha excitado a los “hiperventilados” de Junts.
Pero Turull se había ido imponiendo a Borràs y nadie esperaba una marcha de Junts antes de las municipales. Tener consellers es un activo en la lucha por las alcaldías y facilitaba repescar a alcaldes del PDECat –la escisión moderada que quedó sin escaños en las elecciones– con buena implantación en el territorio.
Pero todo se ha complicado en septiembre. Primero, un sector de JxCat, no desautorizado por la dirección, instrumentalizó la manifestación del 11 de septiembre para acusar de “tibio” a Aragonès. Pero el president se plantó y decidió no ir a la manifestación (donde se pidió la dimisión del Govern) y dijo que Junts debía elegir entre estar en la Generalitat o en la oposición.
Luego, en el debate de política general –sin haber avisado al president– el portavoz de Junts, Albert Batet, próximo a Puigdemont, exigió a Aragonès –cuya propuesta de un referéndum a la canadiense fue juzgada insuficiente– que presentara una moción de confianza. En un país normal, un disparate total. El socio de gobierno, sin abandonarlo, exige una moción de confianza –potestad exclusiva del president– con la implícita amenaza de hacerlo caer. Y Aragonès contestó con dureza cesando al vicepresidente Puigneró, otro hombre de Puigdemont, al que responsabilizó de la “traición”. Y se abrió la crisis. En el Govern. Y en JxCat. Los radicales exigen salir del Govern. Los realistas (consellers y muchos alcaldes) creen que sería un gran error. La solución Turull ha sido pedir a Aragonès una rectificación clara y luego someter a los militantes (unos 3.000) la decisión final.
“El Gobierno de la Generalitat puede romperse por la división de Junts entre realistas y radicales. El ‘president’ no puede desdecirse y la dirección de JxCat tampoco piensa en la marcha atrás”
Junts ha querido tener a la vez las ventajas del poder y las de criticar al Govern. Y Aragonès no lo ha consentido. Ahora la crisis es total. Aragonès no puede desdecirse, la dirección de Junts –muy fraccionada– tampoco piensa en la marcha atrás. Y los militantes –que no disfrutan de las gabelas del poder– no votarán a favor de seguir en el Govern salvo indicación clara de la autoridad en un partido en el que –Puigdemont aparte– hoy hay poco liderazgo.
¿Por qué Junts ha ido tan lejos? Ha visto que, una vez investido, Aragonès ha aplicado la política de ERC que sabe que, a corto, la independencia es imposible y apuesta por conquistar más fuerza electoral y cierto gradualismo. Y los “hiperventilados” de Junts quieren aprovechar para denunciar que, de facto, ERC ha abandonado el independentismo y tener así más votos en las elecciones municipales y legislativas de 2023.
El Consell per la República es una entelequia y quizás la clave es que Puigdemont, que no descarta una resolución no favorable de la justicia europea, no quiere ni rebajar la tensión ni que el presidente “legítimo” pierda autoridad moral por el aval de Junts a Aragonès.
Las tesis de los radicales de Junts son aventuradas, porque en 2022 las quimeras y el sentimentalismo cuentan menos que en 2017. Pero ERC también arriesga si tiene que gobernar sola y en minoría.
La sonada crisis del Govern y las luchas intestinas en JxCat indican que la volatilidad es todavía alta e impide la plena normalidad institucional, condición indispensable para afrontar los graves problemas de Cataluña, inserta en una España superpolarizada y en la Europa sacudida por la guerra de Ucrania.
