Privar a la mayor planta de coches de España de una infraestructura ya aprobada y que pondría fin a más de una década de pérdidas de producción por una conexión eléctrica obsoleta es difícil de justificar. Que Stellantis Vigo no alcanza los mínimos de potencia y consumo –como recalcó la ministra Teresa Ribera en su visita a Galicia el pasado enero– para engancharse a la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de Porriño es cierto. Hoy. Pero no cuando la fábrica, cabeza tractora de un sector responsable de un tercio de las exportaciones gallegas, complete su electrificación en la segunda mitad de esta década, según los planes del grupo. ¿Qué pasará entonces? ¿Nos echaremos las manos a la cabeza si en la próxima ronda de adjudicaciones de plataformas industriales y modelos Tavares apuesta por otro centro porque además de un suministro eléctrico fiable tiene acceso a una electricidad más barata? Los mimbres de la industria del futuro se trenzan hoy. Y la miopía industrial del Gobierno en este proyecto no ayuda. Ribera incumplió a mayores su palabra de reunirse con la empresa para escuchar sus argumentos antes de tomar una decisión definitiva que castiga no solo a Stellantis y al resto de industrias de los polígonos olívicos, sino al conjunto de los vigueses que no se merecen en pleno s. XXI una conexión eléctrica tercermundista.
