En los dos últimos años, no ha habido tregua. Han pasado cosas que nunca habíamos vivido antes, a una velocidad extraordinaria, con incertidumbre radical. Y hay que estar reaccionando en tiempo real.
La invasión de Ucrania por Rusia ha vuelto a agitar el tablero, con unos efectos superiores a los previstos, particularmente en Galicia. Porque la huelga del transporte nos está afectando especialmente y porque la especialización productiva nos hace particularmente sensibles a los incrementos en los precios de la energía o los cereales. Nuestro sector agroalimentario y nuestra flota están sufriendo como nunca. Mucho más que en la pandemia o en la Gran recesión; las empresas electrointensivas han tenido que parar. Pero el problema es transversal. Empresarios de todos los sectores me transmiten su problemática particular, y no puedo sino empatizar con ellos.
Necesitamos reaccionar y hacerlo ya. Sin duda, es difícil. No sabemos cuánto va a durar la guerra y sus consecuencias, si serán semanas o meses; nuestras cuentas públicas arrastran un enorme déficit que no podemos ignorar; las herramientas disponibles no permiten una intervención con toda la precisión y velocidad que nos gustaría. Todo lo anterior se traduce en una lista de ideas fuerza no exhaustiva.
La primera es que, si hablamos de actuaciones con coste presupuestario, son preferibles las focalizadas que las generalistas. Porque los recursos son limitados. Por eso, no estoy de acuerdo con una bajada generalizada de impuestos. Tenemos que asumir que en estos momentos somos globalmente más pobres y adaptarnos a ello, cambiando hábitos en nuestros hogares y empresas que permitan reducir el consumo de energía. Debemos concentrar las ayudas en los sectores clave intensivos en energía, lo que incluye el transporte, la pesca y algunas ramas industriales. También tenemos que proteger a los más vulnerables, aprovechando los instrumentos que tenemos; solo como ejemplo, reforzando el bono social eléctrico.
Sin duda, tenemos que revisar el mecanismo de fijación de precios eléctricos, que no funciona correctamente cuando una de las fuentes, el gas, se dispara en precios. Sin duda, lo mejor es hacerlo al abrigo de las decisiones a escala europea, para no señalizarnos negativamente. Solo si la UE es incapaz de reaccionar de forma colectiva deberíamos actuar individualmente. Eso significa tener que esperar unos días más en el ámbito eléctrico.
En cuanto al sector del transporte, su transversalidad le hace sistémica. Sin transporte no hay actividad económica. Por eso hay que negociar y llegar a un acuerdo justo pronto. Pero, en paralelo, hay que actuar con contundencia ante quienes recurren a la violencia.
Finalmente, hay que asumir que es inevitable que los consumidores y la propia administración pública tengamos que soportar precios más elevados en algunos productos de la cesta de la compra o en la ejecución de concesiones y contratos de obra. Porque las empresas más débiles en las cadenas de valor no pueden producir con pérdidas continuas. La guerra en Ucrania nos ha hecho temporalmente más pobres como país. Hay que asumirlo y repartir la carga de manera justa. Por ello, pensando ya a medio plazo, es fundamental contar con un horizonte plurianual en el que colectivamente pactásemos la evolución de las diferentes rentas.
*Director de GEN (UVigo)
