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Jorge Fauró

Arenas movedizas

Jorge Fauró

Enfermos, no apestados

Hace menos de un año, durante el encrespamiento de una de las olas del COVID, entre la acaecida después del verano de 2020 y la previa a la Navidad, algunos organismos oficiales y varias oenegés difundieron una serie de guías de prevención ante el riesgo de estigmatización de las personas que se habían visto directamente tocadas por la pandemia. Los expertos en salud mental habían comprobado que numerosos enfermos se estaban viendo señalados como culpables en lugar de como víctimas, de manera que el simple gesto de toser, estornudar o un inocente carraspeo en el lugar de trabajo o a la espera de poder cruzar un semáforo, comenzaba a ser motivo de miradas de reprobación y rechazo social, lo que resultaba insoportable para muchos diagnosticados. Tras superar la pandemia comenzaba otra peor.

Algunos trabajos al hilo de esta constatación subrayaban el hecho de que muchos afectados que habían superado los síntomas y recibido todos los parabienes médicos para el regreso a la normalidad omitían esta circunstancia cuando se les requería por sus antecedentes COVID a la hora de acceder a un puesto de trabajo, cuando nunca antes las empresas habían preguntado si el candidato al empleo había pasado la gripe o fue vacunado de varicela en sus años de infancia. Representantes públicos con notable influencia electoral, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegaron a plantear la creación de una especie de “cartilla” que identificara a las personas que habían estado infectadas, lo que le valió, por disparatado, la reprobación de las autoridades científicas, la Organización Mundial de la Salud y la oposición. La propuesta acabó en la papelera.

La estigmatización es un hecho, por mucho que trate de disfrazarse a costa del chascarrillo y la broma. Se haya pasado o no la enfermedad, cualquiera que escuche que un vecino de escalera está confinado en cuarentena pasa de largo por la puerta del enfermo sin parar a preguntar. Pasa de ser un conocido para convertirse en un sospechoso, en un transmisor, en un propagador del mal del siglo XXI. A todos nos ha pasado que al interactuar con un antiguo positivo en COVID felizmente recuperado ponemos distancia de por medio entre el interlocutor y nosotros, nos afianzamos la mascarilla no sea qué y procuramos no rondar los dominios del afectado, por más que el médico de familia le haya bendecido con la libertad de poder salir por fin a la calle y hacer vida social. El problema se agrava todavía más entre los niños, que carecen de filtro a la hora de decir lo que piensan y pobre de aquel que haya convivido con el virus en casa y el hecho haya trascendido, que del escarnio en el patio no le salva nadie.

"La estigmatización es un hecho, por mucho que trate de disfrazarse a costa del chascarrillo y la broma"

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Unicef editó el pasado año “El estigma social asociado al COVID-19”, una guía para prevenir y abordar la estigmatización social. En su preámbulo se apuntaba que “el estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En un brote epidémico, esto puede significar que las personas sean etiquetadas, estereotipadas, que se las discrimine, que se las trate por separado y/o que experimenten una pérdida de estatus debido a una percibida conexión con una enfermedad”.

Las incógnitas derivadas de una patología nueva, el pánico a lo desconocido y asociar ese temor a otros miedos alimentan ese estigma hacia las personas infectadas por mucho que sea el tiempo transcurrido desde la superación de los síntomas. Señalar a las víctimas del SARS-CoV-2, recuperadas o no, acarrea el riesgo de que los afectados por el coronavirus traten de esconderlo ante el riesgo de discriminación, eviten la atención médica requerida y no adopten comportamientos saludables. Frente a estos peligros, no hay más “vacuna social” que la empatía, la confianza y “adoptar medidas y prácticas eficaces para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos”, recordaba Unicef en aquella guía. Con las cifras de salud mental disparadas desde marzo de 2020 a causa del COVID, la responsabilidad para con quienes sufren o han sufrido la infección excede de las competencias de nuestros representantes públicos. Son enfermos, o lo fueron, pero no apestados, y no agravar su situación depende también de quienes han tenido la fortuna de no caer atrapados en la maraña del virus.

@jorgefauro

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