Va a ser realmente difícil, para quien lo intente, rebatir e incluso criticar cuanto ha dicho el presidente Feijóo acerca de la migración. En sus diversas vertientes, desde el retorno voluntario de los gallegos que se fueron hasta la recepción y/o devolución de otros que aquí lleguen. La dificultad que se expone se fundamenta en un argumento irrefutable: la solución de la crisis demográfica que padece Galicia no se va a resolver de un plumazo ni en una generación: harán falta mucho tiempo y una progresión económica que permita a las parejas plantearse en serio tener hijos.
Item más: esa perspectiva solo puede producirse desde salarios dignos, acceso razonable a la vivienda y, en definitiva, cuanto suponga la garantía de un futuro estable. Lo que harán necesarios planes gubernamentales transversales y garantizados en su duración, al margen de las variables electorales y por tanto pactados entre los partidos que, presumiblemente, puedan llegar al poder solos o en compañía de otros. Algo que a su vez requiere un pacto de Estado cuanto antes mejor, pero que negocien y rubriquen quienes comprometan de forma indudable su lealtad al acuerdo y al Estado que representan.
El argumentario del presidente de la Xunta es irreprochable no solo en lo que afecta al posible retorno de emigrantes gallegos, sus hijos y familiares, para lo cual Galicia tiene ya desarrollado proyectos con éxito y establecido ayudas oficiales para quienes las necesitaren, sino en lo que respecta a la migración extranjera. Un asunto mucho más complejo, delicado y variable, porque en él entran en juego –y a veces pueden chocar– intereses y prioridades entre los propios y los ajenos y, además, requiere la evaluación de las necesidades de Galicia en este caso –de España en general también– a la hora de fijar los criterios de admisión o devolución de personas y/o familias enteras.
Esa tarea, que es clave, ha de llevarse a cabo respetando aquellas necesidades y la dignidad de quienes soliciten un lugar en este antiguo Reino. Por eso, y con razón, el señor Núñez Feijóo considera necesaria una política común y coordinada por la UE, con especial atención a los países que, como los del sur mediterráneo europeo, son meta de decenas de miles de personas cada vez que se dan las circunstancias propicias. Y solo la Unión podrá hacer frente con eficacia a la lucha, obligada, contra las mafias que se dedican al tráfico de personas y que hacen aún más duro el abandono de sus hogares a tantos seres humanos y más triste aún la enorme cantidad de los que mueren en el intento.
Con todo, a la Europa del bienestar le falta todavía un largo camino que recorrer para llegar a lo que sus fundadores concibieron: algo más –aunque ya era bastante a la vista de los antecedentes históricos– un antídoto contra las guerras en el continente, y también que una política financiera y/o económica común. La Europa unida ha de afrontar como tal su propia defensa, la regulación de los derechos que sus habitantes tienen y políticas sociales conjuntas que permitan, entre otros objetivos, lo que ha señalado el mandatario gallego. Y sin olvidar que necesita, y necesitará más aún en el futuro, de los emigrantes para resolver la crisis demográfica que todas las sociedades opulentas padecen por serlo. Y esa necesidad ha de resolverse con generosidad para abrir la puerta a los extranjeros que vengan a aportar y a los propios que quieran cumplir el camino del retorno.
