Según un estudio de opinión realizado en las 17 economías más avanzadas del mundo que acaba de publicar el Pew Research Center, el 65% de los españoles no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Un 54% se declara partidario de un cambio completo del sistema político y otro 32% se conformaría con reformas parciales. Pero entre quienes opinan que algo o mucho hay que cambiar, el 64% no confía en que ese aclamado cambio resulte posible. La mayoría cree que también conviene impulsar reformas económicas y está más dividida en cuanto a la necesidad de actuar sobre el sistema de salud. Los españoles son, después de los italianos, los encuestados que perciben la realidad más cargada de sombras.
La encuesta se llevó a cabo en los meses de la primavera. Si se hiciera hoy, después de todas las incidencias registradas en los últimos días, es probable que la actitud de los españoles se revelara con mayor claridad. Los políticos están al tanto de informes como este pero, parafraseando a Felipe González, se resisten a hacerse cargo del ánimo de la gente. La renovación de varias instituciones pactada por PSOE y PP ha recibido un comentario unánime en la prensa. Demuestra que en la consideración de nuestros dirigentes está antes, parece que sin remedio, el interés de su partido aunque sea a costa de poner en riesgo o ningunear el de los ciudadanos.
"La legislatura de la coalición de izquierdas emite señales de agotamiento y, en estas condiciones, la acción del gobierno es menos eficaz"
Admitiendo que en torno a las palabras de Otegi se haya colado algún malentendido, del revuelo causado por lo que dijo se desprende que Bildu está proponiendo un chantaje inaceptable para el Estado, que la respuesta del Ejecutivo no ha sido tan rotunda como debiera y que la pretensión de los independentistas, incluidos los catalanes, es prolongar este estado de cosas, lleno de oportunidades para ellos, y ahuyentar un cambio de rumbo en el gobierno de España, que hasta el momento se ha mostrado receptivo a sus demandas.
No es casual que los socios parlamentarios del PSOE, en plena celebración del presunto giro a una posición socialdemócrata moderada adoptada en su congreso, que la continuidad del gobierno depende de su apoyo. La protesta de Unidas Podemos ante la presidenta del Congreso y ante el Ejecutivo es una prueba más de que la coalición no funciona bien y que los dos partidos que la integran están disputando ya los votos. Por el camino quedan las promesas y las buenas intenciones. La política, ni nueva ni vieja, la de siempre, ha impuesto su ley.
En resumen, la legislatura de la coalición de izquierdas emite señales de agotamiento. En estas condiciones, la acción del gobierno es menos eficaz. Visto lo visto, solo cabe esperar que el ambiente político no perjudique gravemente la recuperación económica. No olvidemos que Europa nos observa. La gran incógnita ahora es electoral. La convocatoria el próximo año de elecciones en Andalucía, en las que el PP parte como favorito, puede trastocar los planes de Pedro Sánchez, basados en el cálculo de que la izquierda y los nacionalistas, por interés propio, no lo abandonarán y que la fecha de las elecciones es una decisión soberana que está exclusivamente en sus manos.
En cualquier caso, nos vamos aproximando a ese día, sea el previsto en la ley o se adelante. La frustración política es acumulativa y los españoles no hemos dejado de sumar decepciones durante casi una década. Los realineamientos habidos en estos años en el comportamiento electoral y la aparición por sorpresa de nuevas fuerzas políticas son en su mayor parte producto de la crisis económica y de la incapacidad puesta de manifiesto por los dos grandes partidos para consensuar las reformas necesarias y mirar hacia adelante. La frustración continua es una olla a presión. Los partidos nos han ofrecido cada día de la semana que termina una muestra de su manera de actuar. Y el estudio citado al principio retrata a los españoles como una sociedad, por encima de todo, políticamente frustrada.
