La ignorancia no exime de responsabilidad, pero incordia de un modo improcedente y peligroso. Es el caso de la decisión del Congreso que hasta ayer mismo había optado por reinterpretar una sentencia del Tribunal Supremo, algo de por sí bastante insólito en las democracias parlamentarias sujetas a la separación de poderes. Pero si es asombroso y hasta grave circular por ese camino intransitable, mucho más es hacerlo erróneamente cuando la reinterpretación que se hace no tiene pies ni cabeza.
El diputado y exsecretario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, fue condenado a mes y medio de prisión por agredir a un policía durante una manifestación. La cárcel fue sustituida por una multa, pero el pago de ella, al contrario del argumento de la defensa que manejan los socios de la izquierda para mantenerlo en su escaño, no le libra de la inhabilitación para el cargo. En el caso de que sucediese lo contrario estaríamos ante otro hecho extraordinario: la opción de que pagando uno pueda seguir ejerciendo como representante del pueblo soberano tras haber sido condenado por un delito de agresiones después de haber golpeado a un agente del orden público. La multa se liquidó para evitar que lo enchironasen, no para eludir la responsabilidad de haber delinquido de esa manera y seguir calentando el escaño como si nada sucediera.
Si en vez de en Alberto Rodríguez, el congresista de las rastas que se considera víctima de un montaje policial, la condena por agresiones hubiera recaído en un diputado de Vox, ¿se imaginan cuánto tiempo hubiera durado en el escaño? Lo habrían arrojado de inmediato a los leones de bronce de Ponzano que flanquean la entrada del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. A Daoíz, primero, y a Velarde, después, para que no quedaran de él ni las raspas. O las caspas. La diligencia, en cambio, ha consistido en pedir un informe a los letrados del Congreso para no cumplir con una sentencia firme del alto tribunal. Una debacle del sentido.
