¿Qué ciudadano gallego no está cansado de la situación de inferioridad que tenemos ante las administraciones públicas? Galicia está aislada en el noroeste del resto de España, lo que deriva en una gran dificultad logística a nivel tanto particular como empresarial, y hemos sufrido, por parte de todos los gobiernos, un abandono absoluto porque, por muchas promesas, la realidad es que la solución a nuestra periferia en infraestructuras de comunicación continúa sin llegar.
Nuestras autovías son las últimas vías de comunicación que se han ejecutado y, a punto de comenzar el último trimestre de 2021, todavía no tenemos un AVE que fue anunciado con el Plan Galicia en 2001 tras el desastre del buque Prestige. Han pasado… ¡20 años! Y sigue siendo una ilusión futura poder viajar con rapidez a cualquier otro punto de España.
El jueves recibimos la noticia de que la denuncia que presentamos la Asociación de Consumidores En Colectivo ante la Comisión Europea ha prosperado, y emitía una carta de emplazamiento al Estado español de apertura de expediente por incumplimiento de normativa comunitaria. Y es que la única vía de comunicación de Galicia que une el eje norte-sur de 230 km de conexión con la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, es una autopista. ¡Amortizada y vencida su concesión desde el año 2013! Curiosamente, por concesiones ilegales, sigue teniendo un coste anual desde entonces para los gallegos, turistas y empresas logísticas y de transportes de la friolera de 140 millones anuales en peajes.
Me remito a 2019. En Colectivo presentamos una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de dos Directivas comunitarias sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios en las ampliaciones que distintos gobiernos realizaron el año 1994 y 2000 con una prórroga de 10 y 25 años respectivamente. La última directiva, en su artículo 2º, establece que “los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia y velando por la libre competencia”. Establece en su artículo 56 que “las normas aplicables a las concesiones de obras públicas se aplicarán a todos los contratos de concesión cuando el valor de dichos contratos sea igual superior a 6.242.000 euros”, lo que obligará a una licitación de concurso público.
Los reales decretos que regulan ambas ampliaciones incumplen, entre otros, estos dos artículos: ¡No ha habido ningún concurso público y la concesión debería haber terminado en 2013! Por ello, se están incumpliendo las directivas comunitarias. Y esto nos supone seguir pagando injustamente a los usuarios de la AP9 nuestros desplazamientos: la friolera de Vigo-A Coruña, solo ida, de un coste de más de 16 euros…
Gracias al marco normativo de la Unión Europea, el derecho comunitario prima sobre cualquier norma estatal. Tenemos la oportunidad de que se haga justicia en beneficio de todos los ciudadanos, como ha ocurrido en otras autopistas españolas que hoy en día legalmente, habiendo finalizado sus concesiones sin prórrogas, y como debería ser la AP9, son gratuitas: Burgos-Vitoria, Zaragoza-Barcelona, etc.
El siguiente paso depende del Gobierno central. Si la contestación al requerimiento de la Comisión Europea es la realidad de lo que ha pasado sin tapujos, esta denuncia prosperará y en un plazo de seis meses tendremos la autopista que nos merecemos, gratuita para todos los gallegos. En cambio, si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere justificar lo injustificable, entraremos en un camino que nadie sabe donde puede acabar con el riesgo de seguir pagando un peaje que nos costará a la economía familiar de cada gallego un porcentaje muy alto de nuestro presupuesto mensual.
Ojalá que la justicia Europea no tenga reparo en ejecutar lo que es justo para todos los gallegos.
*Presidente de En colectivo y abogado
