Existe una discordancia entre el protagonismo financiero de las Comunidades Autónomas (CCAA) y el conocimiento de los ciudadanos. Una distancia que se nota cuando se les pregunta sobre atribución de responsabilidades y sobre la importancia relativa de las mismas. Valga esta columna para arrojar alguna luz al respecto.

El Gráfico 26 muestra la estructura porcentual del gasto por funciones para las 17 CCAA. Para homogeneizar los datos, se dejan al margen los ingresos asociados a la Política Agraria Común (PAC) y a la intermediación Financiera Local (IFL), que tienen una incidencia territorial muy diferente.

La primera nota a destacar es la confluencia en estructuras de gasto, que viene explicada, fundamentalmente, por la elevada homogeneidad competencial y el protagonismo de los llamados “servicios públicos fundamentales” (sanidad, educación y servicios sociales) para atender la cartera de servicios obligatoria en toda España. En todo caso, esta confluencia es compatible con la existencia de particularidades y pautas comunes por subgrupos. Vayamos por partes.

Salvo las CCAA forales, todas las CCAA sitúan su gasto en sanidad por encima del 40% y solo Murcia supera el 50%. La explicación al menor gasto relativo de las primeras tiene que ver con su mayor capacidad financiera, que les permite canalizar un mayor porcentaje de recursos a otras funciones al tiempo que, en términos per cápita, pueden gastar significativamente más en sanidad. A la competencia educativa se destina el 20-30% del gasto; de forma que, sumado a sanidad, 10 CCAA superan el 70%, y solo Navarra está por debajo de 60%. La siguiente categoría en importancia global son las Actuaciones de Carácter Económico; si bien, en este caso, el rango de variación interautonómica es mayor, de orden de 3 a 1 entre los extremos (18.7% de La Rioja vs 6.3% de Murcia). En cuarto lugar, aparece la función servicios sociales y promoción social, con un abanico de porcentajes que van de 14.6% de Navarra a 4.0% de Baleares. Sumadas estas cuatro líneas de gasto, hay 12 CCAA que superan el 90% y solo País Vasco (86%), Cataluña (83%) y Navarra (81%) se alejan significativamente de este umbral. La diversidad en los pesos autonómicos de las cuatro categorías restantes es la tónica dominante. No obstante, hay que destacar la cuota cercana al 10% de los servicios públicos básicos en Cataluña y País Vasco, explicado, en buena medida, por sus mayores competencias en seguridad pública.

*Director de GEN (UVigo)