Desde la criba, es decir la separación del grano de la paja, o discriminar la atención de enfermos, clasificando por gravedad, edad y otros factores la prioridad con la debe ser atendido en urgencias, a menudo nos vemos envueltos en la encrucijada de elegir quien debe ser atendido prioritariamente.
La situación especial en la que se encuentra la economía derivada de los efectos de las medidas adoptadas para controlar la pandemia lleva a las empresas, como agentes esenciales del funcionamiento del sistema a encontrarse con carácter general, inmersas en grandes dilemas. A corto plazo se han adoptado medidas urgentes en las que inicialmente no se preveía el mantenimiento de la incertidumbre y la extensión en el tiempo de los problemas, facilitándose fundamentalmente liquidez a las empresas para que mantuvieran sus obligaciones y compromisos, via avales y préstamos blandos y también con medidas coyunturales de paliación de un crecimiento súbito del desempleo, a través los expedientes de regulación temporal del empleo que conlleva obligaciones futuras.
Los expertos indican que estas medidas a corto plazo fueron las correctas y por tanto a pesar del crecimiento acelerado del endeudamiento tanto público como privado, como el impacto de la disminución de la actividad económica radical por la inmovilización derivada de confinamientos, los parámetros macroeconómicos, aunque malos han sido asumidos por las diferentes economías del mundo. Con el tiempo las medidas a corto plazo que algunas se han tenido que alargar, se ha pasado del incremento de capacidad de endeudamiento a problemas de solvencia derivados de la evidente, potencial y perniciosa morosidad que se prevé galopante si no recuperamos a tiempo, y va a ser difícil, la actividad económica.
Entramos entonces en la necesidad de que las ayudas sean directas, es decir que para salvar las empresas ya no será suficiente otorgar préstamos que tienen que ser reintegrados, sino que va apareciendo con fuerza destinar dinero público directamente a ser inyectado en las empresas para mantener su supervivencia. Aquí es donde aparece el problema del triaje y es que no hay dinero para todo, por tanto, es necesario clasificar a las empresas para lo cual el sentido común indica que hay que ayudar a las viable y no ayudar a las empresas llamadas zombis. La cuestión está en que ¿tiene capacidad la administración pública para evaluar quien es viable o no por el gran número de empresas implicadas?
*Economista
