Por si el tiempo transcurrido fuese ya poco, ocho semanas después de que se cerrase al tráfico el túnel de Folgoso en A Cañiza en sentido a Madrid por los daños causados por el incendio de un camión, el Gobierno viene de anunciar que su reapertura se demorará hasta mayo como mínimo. Es decir, cientos de miles de usuarios particulares y transportistas que circulan por la autovía en dirección a Ourense y a la capital de España seguirán obligados a dar un rodeo de 23 kilómetros por un desvío en estado deplorable, minado de baches, donde la velocidad media no supera los 60 kilómetros, y a perder 20 minutos extra de su tiempo para sortear el túnel. Y así nada menos que durante cuatro meses a contar desde el día del incendio. No basta con apelar, como hace Transportes, que el tráfico ha de restablecerse cuando la seguridad esté plenamente garantizada. Eso es lo elemental, solo faltaría. Lo inadmisible es que en pleno siglo XXI, en una sociedad moderna y desarrollada, con abundancia de tecnología, recursos y medios técnicos, se condene a todo el sur de Galicia a un estrangulamiento de tan prolongada duración para reponer los desperfectos en un túnel central en la arteria de comunicación que vertebra todo su territorio desde Vigo a la meseta. Un calvario insoportable. Un retraso vergonzoso que debe rectificarse sin demora.

Por más complicaciones que entrañe la reparación de los daños provocados por el incendio del camión ocurrido el pasado 25 de enero, el plazo dado por el Gobierno para su reapertura resulta inaceptable. Tal parece que para nuestros gobernantes la afectación que supone para centenares de miles de afectados que utilizan esta vía –uno de los principales ejes de comunicación de Galicia y, por ende, de las más transitadas– no sea suficiente motivo para afrontar su arreglo con mucha mayor diligencia y celeridad. No se trata en ningún caso de minimizar los desperfectos ni las dificultades para su arreglo, pero ni la singularidad de lo ocurrido ni su alcance deben acarrear una demora tan prolongada para subsanarlos en un país que se las da de desarrollado y de estar a la vanguardia en la gestión de infraestructuras.

Tienen razón todos los colectivos de usuarios, transportistas y empresarios en clamar de manera unánime contra un retraso que produce bochorno y escándalo. Porque por mucho que los daños sean complejos y por costoso que resulte repararlos, las circunstancias adversas exigen actuar con mayor prontitud y disponer de cuantos recursos y medios extraordinarios sean precisos para reabrir cuanto antes el paso con plenas garantías de seguridad. Porque si estamos ante una situación de emergencia, un Gobierno responsable ha de estar igualmente preparado para afrontarla y subsanarla con la misma celeridad. Lo bochornoso es, además, que el plazo dado inicialmente para su reparación se amplíe ahora a un cuatrimestre, sin descartar que pueda extenderse aún más.

Alega el Gobierno en su respuesta que los desperfectos ocasionados en el túnel son severos y afectan a muchos de los sistemas de seguridad. Y esgrime que la regulación europea en materia de túneles establece un estricto procedimiento sobre los requisitos mínimos de seguridad y explotación que deben seguirse en todo momento. Nada que objetar al respecto, puesto que solo así podría restablecerse de nuevo la circulación. Pero, ¿es normal que avanzado el siglo XXI, los gallegos deban soportar cuatro meses de demora para subsanar daños de este tipo? ¿Se daría la misma respuesta temporal a una eventualidad semejante en otros territorios de mayor peso? ¿Sería admisible que grandes ciudades y conurbaciones de otras zonas de España permanecieran con uno de sus túneles de salida cerrados al tráfico por una avería de esta índole de enero a mayo? ¿Alguien toleraría permanecer anclados todo este período en el túnel del tiempo? Que las cosas funcionen, salvo cataclismos, y que los desperfectos se subsanen en plazos razonables, diferencia a las sociedades modernas de las atrasadas. Aquí, a tenor de lo visto, ni de lo uno, ni de lo otro.

Lo inadmisible es que se condene a todo el sur de Galicia a un estrangulamiento de tan prolongada duración para reponer los desperfectos en un túnel central en la arteria de comunicación que vertebra todo su territorio desde Vigo a la meseta

Reparar el túnel de Folgoso de la A-52 con plena seguridad es lo primero. Pero ha de hacerse no con la lentitud prevista sino con el máximo apremio y con todos los esfuerzos precisos. No solo por razones de movilidad. Además de los gravísimos trastornos en el transporte de pasajeros y mercancías, un cuatrimestre con esta infraestructura clave cerrada supone un severo lastre, otro más, a la dañada competitividad de las empresas de nuestros territorios, con cientos de transportistas atrapados a diario sin alternativa y horas de tiempo y trabajo perdidas, con el consiguiente sobrecoste de personal y el encarecimiento añadido de la factura de combustible. Un castigo más que añadir al vergonzoso estado que presenta la autovía A-55 de Vigo a Porriño, la más siniestra de España, pendiente de una reforma drástica desde hace décadas sin que todos los gobernantes que son y han sido hayan hecho nada para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de los usuarios.

Galicia, y en especial todo el sur de nuestra comunidad, no puede aguantar más excusas ni más ineficiencia. Esperemos que el Gobierno actúe en consecuencia y priorice con todos los medios de que dispone una rápida salida al bloqueo. Tiene capacidad de sobra para hacerlo. Más vale que lo logre por razones de justicia y equidad. Sería una prueba de diligencia ante la adversidad. También la mejor forma de disipar de paso las acusaciones de insensibilidad que se le achacan a la hora de ser receptivos y eficientes en las respuestas a problemas que afectan a este territorio peninsular. Está así pues ante una inmejorable ocasión de empezar a demostrarlo.