El “castigo de Sísifo” de España, esa piedra que hay que arrastrar hasta la montaña para luego dejarla caer y volver a empezar cuesta arriba la maniobra, es la enseñanza. Los políticos acaban de perder esta semana la enésima ocasión de pactar una ley educativa con vocación de perdurar para formar en la excelencia a muchas generaciones de españoles. Tejiendo y destejiendo, nace ahora otra norma que devalúa el esfuerzo y ahonda una brecha social y política cada vez más difícil de cerrar, y que va dejando heridas. Si la falta de consenso en esta materia resulta siempre reprochable, en mitad de las extremas condiciones de una pandemia todavía más, al privar a unas víctimas inocentes, los jóvenes, del contexto imprescindible para la única herramienta con la que pueden labrarse un futuro: una educación de calidad.

Ley General de Educación, LGE. Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE. Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE. Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE. Ley Orgánica de Educación, LOE. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE. Y ahora Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE. ¿Un trabalenguas? ¿Un chiste por la redundancia de siglas y denominaciones? No, es el más sarcástico ejemplo del páramo español. Ocho regulaciones distintas durante la democracia para una misión esencial. Una norma cada cinco años, cada legislatura en la práctica. Niños de infantil acaban rigiéndose a lo largo de sus carreras como mínimo por dos disposiciones diferentes, casi siempre contrapuestas. Estas cosas no ocurren en ningún país serio que desea desprenderse de sus lastres.

"Niños de infantil acaban rigiéndose a lo largo de sus carreras como mínimo por dos disposiciones diferentes, casi siempre contrapuestas. Estas cosas no ocurren en ningún país serio"

La LOMLOE que acaban de aprobar los diputados en el Congreso, por los pelos y en medio de una monumental gresca, deroga la ley educativa de los mandatos del PP y recupera la anterior del PSOE, ampliada. Los preceptos, llamémoslo así, de carácter “ideológico” nutrieron las turbulencias. Con ser esos aspectos importantes y discutibles, el déficit inasumible sigue residiendo en lo académico. En aras de evitar el fracaso escolar, la exigencia se relaja. Los alumnos que no aprueben tendrán las mínimas trabas para continuar en sus ciclos normales, y plazo ampliado y facilidades para concluirlos. El título de bachiller podrá expedirse hasta con suspensos, que tampoco impedirán “de forma excepcional” pasar de curso, otorgando carácter discrecional al desarrollo pedagógico y nula relevancia al mérito. Importa avanzar por encima de aprender, la corrección política antes que los conocimientos.

Desde Galicia, la Xunta ha advertido que acatará la ley “en lo básico y de obligado cumplimiento” pero desoirá el resto de aspectos en los que tengan la competencia. Mantendrá el castellano como lengua vehicular en la enseñanza a pesar de lo que diga la nueva ley, no permitirá la posibilidad de obtener el título de bachillerato con alguna asignatura suspensa y se ha pronunciado en contra de lo que considera ataques a los colegios concertados.

La difícil encrucijada actual reclama, sobre todo, una educación a la altura de nuestro tiempo entre cuyas prioridades no puede faltar la de elevar el nivel profesional de los gallegos y prepararlos para un mundo tecnologizado y tremendamente competitivo. De un aprendizaje inteligente en las aulas deben surgir ciudadanos críticos, y no dúctiles, capaces de razonar e interpretar con autonomía la realidad para que adquieran conciencia plena de lo que ocurre. Esa Galicia consciente y en igualdad de oportunidades constituye el único punto de partida posible hacia una comunidad más próspera y justa.

"El país entero se empobrece. La pulsión viene de antiguo"

Enfrentando a la sociedad en un ámbito tan sensible, con posiciones sesgadas y refractarias que la arrastran al choque, nadie gana. El país entero se empobrece. La pulsión viene de antiguo. Ya en 1875, durante un mandato de Cánovas, un ministro suspendió la libertad de cátedra para adaptar la docencia a lo que denominaba la “verdad social”, asumiendo como verdad únicamente sus creencias.

Convertir las escuelas en el lugar de crecimiento vital y personal de las generaciones llamadas a tomar las riendas tiene que ser el fruto de un trabajo en equipo y a largo plazo. No solo el que realicen los actores principales, profesores, padres y alumnos, sino especialmente el de quienes a su alrededor toman las decisiones que transforman los sueños en proyectos. Una ley de educación útil es la que fomenta, con más libertad y menos adoctrinamiento, estrategias para aflorar el potencial de cada estudiante, incentivando su curiosidad y experiencias, reforzando las pautas de convivencia y construyendo hoy un universo digital. Con una evaluación auténtica del saber y los resultados, porque no hay otra forma de progresar.

La mirada de otros aporta una luz que no perciben quienes bracean en la marejada. Muchos de los viajeros románticos que visitaron esta vieja nación durante el siglo XIX sostuvieron que la única desgracia de España era su “mal gobierno”. No aprendemos. Continuamos pagando la ausencia de un liderazgo transformador y con visión que convierta las crisis en motores de cambios estructurales. Despegó la economía, crecieron las infraestructuras, variaron los hábitos culturales, pero la educación se estancó al capricho del politiqueo. Sin una reforma sensata y compartida por todos que la rescate, el paraíso de la mediocridad nos aguarda.