La polémica ley Celaá salió ayer adelante en el Congreso, tras un bronco y polarizado debate, en el que PP, Vox y Ciudadanos gritaron durante tres minutos: “¡Libertad!”. La reforma educativa del PSOE y Unidas Podemos (UP), contra la que protesta en toda España la educación concertada, fue aprobada por los pelos, con 177 votos a favor –uno más de la mayoría absoluta necesaria–, 148 en contra y 17 abstenciones. Además de los socios de Gobierno, respaldaron el texto ERC, PNV, Más País y Compromís. Ahora la LOMLOE tendrá que pasar por el Senado para volver de nuevo al Congreso, donde será aprobada definitivamente a principios de 2021, con la intención de que entre en vigor el próximo curso.
Los partidos del centro-derecha amenazaron ayer con llevar la norma no solo ante el Tribunal Constitucional, sino también ante la Comisión Europea, mientras que el PSOE les acusó de “adoctrinamiento”. “Utilizar a los niños para que salgan con globos a protestar a los patios de los colegios, ¿es libertad o adoctrinamiento?”, espetó la portavoz educativa, María Luz Martínez Seijo.
Los puntos más polémicos de su articulado son la eliminación del castellano como lengua vehicular, la supresión del criterio de demanda social –el que permitía hasta ahora a los centros concertados sacar más plazas si así lo pedían las familias–, la inclusión de alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, el recorte de la asignatura de Religión y la promoción de curso con asignaturas suspensas. Finalmente, tampoco habrá Ética en 4º de ESO. Por todo ello, la plataforma “Más plurales”, integrada por profesores, padres y alumnos de la red no pública, volvieron ayer a alzar la voz a las puertas del Congreso. El presidente del PP, Pablo Casado se sumó a la campaña y firmó contra el texto.
El debate de la LOMLOE en el Congreso demostró una clara división política. El punto álgido de esa ruptura llegó justo al final, después de la intervención de la socialista Martínez Seijo. Los diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que llevaron lazos naranjas en apoyo a la concertada, se levantaron, gritaron “¡Libertad, libertad!” y dieron golpes con las manos en sus escaños. Así durante casi tres minutos. Parecía una competición para ver quién hacía más ruido, porque, como respuesta, las bancadas del PSOE, Unidas Podemos y sus socios nacionalistas aplaudieron largamente a la portavoz socialista de Educación.
Martínez Seijo, al igual que su socio de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, acusaron a la derecha de emprender una campaña de “desinformación y bulos” contra la ley educativa que dará “carpetazo” a la LOMCE o “ley Wert”. Así, la diputada del PSOE dedicó varios minutos de su intervención a decir que “no” se van a cerrar los centros de educación especial, “no” se atenta contra el castellano, “no” es una ley sin consenso... La norma impulsada por la ministra Celaá, defendió, supone “un salto cualitativo hacia un sistema educativo moderno e inclusivo”.
La portavoz de Educación molestó a la derecha y entusiasmó a la izquierda cuando criticó a los centros concertados por “manipular” a los menores en los patios para ponerles en contra de la reforma.
Antes fue el turno de Ciudadanos. La diputada Marta Martín dijo que la “ley Celaá” está “más ideologizada que la propaganda electoral”. Vox fue todavía más duro y, por boca de Joaquín Robles, señaló que la reforma educativa del Gobierno de coalición “certifica el final del papel de ascensor social de la educación” y que los separatistas lo único que quieren es “convertir las escuelas en fábricas de independentistas”. El PP también cargó con dureza contra la norma. Según denunció María Sandra Moneo: “Antes de ser aprobada, esta es una ley fallida y de ruptura de la Constitución”. Por su parte, JxCat, Bildu, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe se abstuvieron en la votación al considerar la norma “insuficiente”.
La protagonista de tanto rifirrafe, Isabel Celaá, reconoció que le hubiera gustado tener “más consenso” para la reforma, pero que “lamentablemente PP, Vox y Ciudadanos se han autoexcluido del debate”. Aun así, se mostró “feliz” por tener un proyecto de ley que “sitúa la equidad en el centro del sistema, lo que significa que estamos luchando porque todos los alumnos, al margen de sus condicionamientos de origen, tengan las mismas posibilidades”.
