El jueves nació la “ley Celaá”, la octava Ley de Educación de la democracia. Y lo ha hecho con polémica, por tan solo un voto de ventaja en el Congreso. Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a mostrar su rechazo a la reforma que suprimirá a la “ley Wert”, vigente desde 2013. En este contexto, dejó claro que el Gobierno gallego “no va a cambiar” su política educativa “en todo aquello” que pueda.

“Evidentemente, si hay preceptos básicos de obligado cumplimiento los cumpliremos mientras no haya sentencias del Tribunal Constitucional”, indicó, acto seguido, Feijóo, quien consideró que con la tramitación de la “ley Celaá” se “ninguneó” a las comunidades –a excepción de País Vasco y Cataluña–. Y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar la educación como “moneda de cambio” para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. “Entiendo que no se debe utilizar la educación para pagar el apoyo parlamentario en los PGE”, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consello.

En su intervención, Feijóo con que la norma nace con “enormes dificultades y deformaciones” y criticó que “no fuese consensuada con nadie"” salvo con “los socios soberanistas que el Gobierno necesita”. “Por tanto, intenta imponernos una legislación educativa que no le importa, porque lo que le importa son los presupuestos”, insistió.

Asimismo, Feijóo valoró que “en España ya no hay un modelo educativo” sino que “habrá tantos modelos educativos como gobiernos autonómicos haya en cada momento”. “Y eso es pésimo para un modelo de igualdad educativa en un Estado como es España”, expresó.

Entre otras cuestiones, enfatizó su desacuerdo con en las cuestiones lingüísticas, en los conceptos educativos o en la educación especial, al considerar que “se la cargan”. “No estamos de acuerdo en romper la cultura del esfuerzo, porque da igual aprobar que suspender”, añadió.

Antes, por la mañana, en una entrevista para Onda Cero, advirtió que la comunidad autónoma seguirá utilizando el castellano como lengua vehicular al entender que tienen las “capacidades” necesarias para hacerlo. ”Dentro de las competencias constitucionales, en cuanto a las nuestras, aquí hay un bilingüismo armónico. Aquí hay un 50%-50% y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Por todo ello, acatará la ley “en lo básico y de obligado cumplimiento”, pero desoirá el resto de aspectos en los que tengan la competencia, evitando así “reducir la calidad educativa” de la comunidad autónoma que, según señaló, está “muy por encima de la media de la OCDE”.