A partir del respeto al derecho que los gobiernos democráticos, y las mayorías parlamentarias que los sustentan tienen a fijar su agenda de prioridades, acaso no estorbe un par de reflexiones que lo matizan. La primera y principal es que, en cualquier caso, los lugares de la lista deben ocuparse con los asuntos pendientes que tengan urgencia en su abordaje. Entre ellos, por ejemplo, el de la coordinación aeroportuaria en los casos en que, como ocurre en Galicia, las terminales sean varias y carezcan de aquella condición y, además eso origine perjuicios.
Este periódico ha publicado una serie de datos que demuestran no solo la descoordinación existente entre los aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo, sino la competencia entre ellas para prestar los mismos o muy parecidos servicios. Y si eso, en circunstancias de normalidad, resulta absurdo, en tiempos de pandemia y crisis como los que se padecen, es casi suicida. Y demuestra que hay un problema aquí, que lleva sin resolver desde hace demasiado y que por vueltas que se le de ya no admite más demora en la solución. Y depende de esta "nueva" Xunta.
La cuestión se plantea hacia el Gobierno gallego no solo por lo obvio, sino porque una parte -nada desdeñable, por cierto- de lo que ocurre se debe a las contradicciones en las que los diferentes ejecutivos han incurrido. En principio, al no fijar criterio alguno en su funcionamiento, más tarde al aplicar diferentes varas de medir y en los últimos tiempos al incurrir en contradicciones entre sus teóricas intenciones y la práctica que permitía a las diferentes ciudades con aeropuerto buscar su propio interés. Y que se denunció como "partidista" en función de quienes gobernasen.
El dato más llamativo de los que publicó FARO DE VIGO indica que cuatro compañías copan el ochenta por ciento de los vuelos en Galicia, a pesar de que la oferta llega a una docena. Algo que, dicen algunos expertos, no solo demuestra descoordinación, sino poca organización, lo que provoca un servicio mediocre al país. Y además un coste excesivo para los fondos públicos municipales, porque la competencia entre ciudades se hace con subvenciones a empresas que, en pura paradoja, son low cost; bueno para la línea aérea y los pasajeros, pero no tanto para muchos de los demás.
Hay un par de efectos colaterales negativos también: la aparición de oligopolios empresariales de facto y una especie de dumping en otros, acaso más espabilados, que iniciaron una "guerra" de taifas y servicios que perjudica a los gallegos en beneficio de terminales vecinas como Oporto. Que aplican las mismas técnicas para captar clientes, pero con mayor agilidad e imaginación y ocupan cada vez más mercado. Factores, todos ellos -incluido el del partidismo-, que Vigo denunció con tanta claridad como poco éxito; ahora, el Covid y sus efectos demuestran que tenía razón. Y sería pésimo que se perdiese la oportunidad, aunque resulte tan lesiva, para poner orden.
¿Eh...?
