Todos los discursos del Rey -y el de inauguración de la XIV Legislatura en las Cortes no podía ser una excepción- son puestos bajo la lente del microscopio mediático para detectar si entre las generalidades habituales pudiéramos encontrar algo que tuviese una significación política de un cierto interés. Es una tarea complicada porque el Rey solo tiene un poder arbitral en cuanto jefe del Estado en una monarquía parlamentaria, y su principal empeño ha de ser no ofender sensibilidades, expresar buenos deseos y llamar a la concordia. Y no debe salirse nunca de ese guion, salvo que quiera exponerse a la crítica de los que pudieran darse por aludidos en el perifrástico redactado. Como le ocurrió cuando una alusión retórica al 'procés' catalán dio pie a los independentistas a juzgar como autoritario y poco menos que amenazante el discurso de 3 de octubre de 2017. En esta ocasión -y en el inicio de un curso político protagonizado por un novedoso Gobierno de coalición- la precaución debería extremarse y del discurso del Rey solo hubo un párrafo que mereciese la atención preferente de la mayoría de los medios. "España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos" enfatizó Felipe VI. La frase es de una absoluta irrelevancia filosófica pero gustó al personal. De la misma manera que fue apreciada su exhortación a diputados y senadores para que se respeten entre sí. "Llega la hora de la palabra, del argumento y de la razón, desde el respeto recíproco para el mejor servicio a los españoles".
La recomendación podría tener cabida perfectamente en un manual de buena conducta para escolares, pero no deja de ser preocupante que sirva de acicate para un colectivo de adultos que representan legalmente los intereses de millones de ciudadanos. Por lo demás, la curiosidad del público se centró en observar el distinto comportamiento de los representantes de Podemos en el banco del Gobierno y en los escaños.Los del banco azul, con Pablo Iglesias como vicepresidente, aplaudieron largamente el discurso del Rey mientras diputados y senadores lo hacían con desgana, o se abstenían. Los medios más a la derecha interpretan maliciosamente que esa doble actitud es el primer episodio de la conversión al pragmatismo de una formación política que hasta la fecha era tenida como el máximo exponente de la radicalidad de izquierdas. Y por supuesto del republicanismo.
Una causa, por cierto, que defendieron en solitario los parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña, Junt per Cataluña, la CUP, y el BNG. En una declaración conjunta estos parlamentarios opinan que la monarquía es una institución anacrónica, heredada del franquismo, y por tanto sin ninguna legitimidad. Lo de que fue heredada del franquismo es cierto, si bien contó para ello con amplia complicidad internacional,sobre todo de la gran potencia del Norte que tenía -y tiene todavía- en nuestro territorio estratégicas bases militares.Lo de la falta de legitimidad es más discutible, al fin y al cabo lleva más de cuarenta años contando con el apoyo de la mayoría de la clase política democráticamente elegida.
