Hace unos días, participé en una mesa redonda en el Ministerio de Hacienda sobre las necesidades de gasto de las comunidades autónomas y la nivelación interterritorial. Dos conceptos con denominaciones que asustan al no experto, pero fáciles de entender y extraordinariamente relevantes para el gallego mediano. En lenguaje común, discutimos sobre la idea de que no cuesta lo mismo prestar un servicio en todas partes y de que hace falta transferir recursos de los territorios más ricos a los que lo son menos, para garantizar que todos los gobiernos autonómicos cuenten con dinero suficiente.
De lo primero se habla más en los medios de comunicación gallegos. Somos conscientes de que el envejecimiento de la población dispara el gasto sanitario y de dependencia. Y de que la dispersión supone un sobrecoste, bien ejemplificado en el transporte escolar. Al contrario, nos referimos poco al concepto de la nivelación parcial. Y deberíamos corregirlo, por la cuenta que nos tiene.
Hasta 2009, todos los servicios prestados por las autonomías eran tratados por igual desde un punto de vista financiero. No se hacía distinción entre unos y otros. Galicia tenía que contar con recursos suficientes para sanidad, pero también para cultura o medio ambiente. La cosa cambia en 2009. Empujados por la retórica del estatut catalán reformado unos años antes, empezamos hablar de los "servicios públicos fundamentales", refiriéndonos con ello a la sanidad, la educación y los servicios sociales. La nivelación alcanzaría a esas tres áreas. Para financiar el resto, cada uno con lo suyo. Es verdad que, en la práctica y para evitar una bronca monumental en el mapa autonómico, la administración central se inventó nuevos fondos y ajustes para seguir cubriendo todos los servicios. Pero la semilla de la nivelación parcial ha quedado plantada. Una semilla que, de brotar sin control, supondría para Galicia cientos de millones de euros menos todos los años.
No es verdad que todos los países federales opten por la nivelación parcial y que, inevitablemente, los territorios más ricos cuenten con mejores servicios públicos. En Australia no pasa. Y en España, si dejamos al margen la anomalía del sistema foral, no ha ocurrido de iure hasta 2009, ni de facto hasta el momento. Aviso para navegantes con vistas a la reforma del sistema que, previsiblemente, se retomará en cuanto contemos con nuevos gobiernos autonómicos y en La Moncloa. Cuestión de semanas.
*Director de GEN (Universidad de Vigo)
