| Renuncia. Milagros Otero, antes que Valedora do Pobo, es doctora en Derecho, es decir sabe mucho de leyes, de leyes que castigan los desvíos de poder y obligan a que en la administración pública primen los principios de mérito, igualdad y capacidad en la selección de personal. También es catedrática de Filosofía del Derecho, o lo que es lo mismo es una erudita en la rama jurídica que determina cuáles han de ser los valores que hacen justo un modelo de derecho. De ahí, la decepción por su proceder. Una sentencia del TSXG, avalada por el Tribunal Supremo, falla que la institución que preside y que debe proteger a los ciudadanos indefensos ante los poderes públicos incurrió en "desviación de poder y arbitrariedad" para que la hija de su mentor en la Facutad de Derecho, y también sobrina de Manuel Fraga y h ermana del portavoz parlamentario del PPdeG, María Puy, se hiciese con la plaza de jefe de servicio de administración y personal de su oficina.

La decepción se acrecienta porque a Milagros Otero le costó irse. No lo hizo con el primer fallo hace diez meses y recurrió al Supremo, y aún tardó veinticuatro horas en anunciar su renuncia tras el segundo varapalo judicial. Además, no se vaya ya, se queda mientras los partidos no pactan el nombre de su sucesor. ¿Por qué? Porque al PP no le conviene. Tendría que asumir en funciones sus responsabilidades el valedor adjunto, Pablo Cameselle, propuesto en su momento por e PSOE. Los populares no desean arriesgarse a tener una institución, que si quiere puede dar mucha caña a la Xunta, en manos de un afín socialista. Tampoco Otero querrá dejar el puesto a quien ella culpa de todo lo sucedido. Cameselle tiene su cuota de responsabilidad, pues fue él quien resolvió el proceso de adjudicación de la plaza de jefe de servicio, después de que Otero se desvinculara por su relación con el padre de María Puy, pero, eso sí, una vez definidos los criterios de la convocatoria.

¿Y por qué no irse los dos ya y que los partidos se encierren hasta acordar los nombres de sus relevos? Porque estamos en las vísperas de la campaña de las elecciones generales y después vendrán los comicios municipales. Si al partido en el poder y a la oposición les cuesta entenderse siempre, cuando se acerca la batalla de las urnas la imposibilidad se multiplica excepcionalmente. La decepción se dispara entonces porque una vez más los políticos forman parte del problema y no de la solución.

Milagros Otero, que queda muy tocada tras la sentencia del TSXG y el fallo del Supremo, no debería seguir al frente del Valedor do Pobo. No debe apetecerle tampoco demasiado. Bien sabe que no la quieren.

La negociación, en pleno ambiente electoral, puede demorarse meses. Al menos se necesita el acuerdo entre el PP y un partido de la oposición para sumar los 45 votos exigidos en el pleno de la Cámara autonómica para renovar la institución del Valedor do Pobo.

Antes que ella, fue Valedor en funciones, Julio Fernández. Sustituía a Benigno López, quien dimitió tras unas polémicas declaraciones justificativas sobre los recortes sociales. Entonces el PP aceptó a Julio Fernández porque en su momento había sido su propuesta como vicevaledor. Permaneció en el cargo tres años porque populares y oposición fueron incapaces de ponerse de acuerdo. ¿Volverá a suceder? ¿Someterán los partidos a tal desprestigio a la institución? ¿El alto comisionado que vela por los derechos de los ciudadanos funcionará a medio gas durante cuánto tiempo? |

| La AP-9. ¡Qué diligencia la del Gobierno que ya la próxima semana va a reunir la Comisión Mixta de transferencias para oficilizar el traspaso a Euskadi de cuatro competencias, siendo una de ellas el tramo vasco de la AP-68! ¡Qué deseable sería la misma urgencia para cerrar y mejorar el Plan Director del Corredor Atlántico del tren de mercancías, un plan que Fomento simuló presentar en febrero, para acallar las presiones políticas, sociales y económicas del Noroeste español, pero que luego supimos que sólo era el avance de las líneas generales del plan!

También sería conveniente que el departamento de José Luis Ábalos tuviera a bien explicar por qué impulsa la transferencia de la AP-68 y duda hacer lo mismo con la AP-9, más álla de que la vasca pueda cederla ya porque el Estatuto de Autonomía de Euskadi lo contempla, y la gallega haya de ser traspasada vía ley, lo que implica más tiempo.

La primera es una autopista que atraviesa también La Rioja y Aragón, y la Autopista del Atlántico conecta con Portugal, pero solo pisa territorio gallego. ¿Por qué una sí y otra no?

El PSOE votó a favor en el Congreso de la demanda unánime de Galicia para iniciar el traspaso, y se mostró dispuesto a abrir un debate al respecto, pero sigue sin aclarar si es partidario de la cesión a la Xunta de la autopista que vertebra el eje atlántico. No sabemos cuál será el sentido de su voto, cuando en la nueva legislatura se retome el debate de la proposición de ley. ¿Porqué los vascos están a punto de asumir la gestión de la tercera autopista y los catalanes ya tienen dos, y Galicia, ninguna?

Los gallegos deberíamos estar acostumbrados. No es la primera vez que sucede. Las cesiones a los nacionalistas a cambio de la gobernabilidad son constantes. También el Gobierno de Mariano Rajoy concedió prebendas al PNV a cambio de asegurarse la aprobación de los Presupuestos (una rebaja en el Cupo Vasco de 1.400 millones, una inversión de 3.380 millones para el tren de alta velocidad y una rebaja en la tarifa eléctrica para sus grandes empresas).

Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez atiende las demandas vascas para sacar adelante sus decretos ley con propuestas sociales, que le urge aprobar ya porque la cita con las urnas es el día 28. La historia es vieja, pero no por ello, deja de ofender y doler. No todos los territorios son iguales en derechos ante el papá Estado.

| Supéravit. La Xunta se ha enojado y mucho con el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del traspaso de la AP-68 al País Vasco, pero tampoco debe estar muy contento con su partido, el PP, y más en concreto, con su líder. Pablo Casado está en contra de más transferencias a las comunidades. Lo dijo el mismo día que Alberto Núñez Feijóo ponía el grito en el cielo porque se concedía el traspaso de la autopista vasca, mientras Galicia debe aguardar, y además sin garantías.

Tampoco se lo pone fácil al titular de la Xunta el nuevo inquilino de la planta noble de Génova cuando ordena a los diputados del PP votar en el Congreso en contra del decreto ley que permitirá a Galicia gastar el superávit generado en 2018 (125 millones de euros, según Facenda y 104, segúnHacienda), una reclamación de la que Feijóo hizo casus belli. El PPdeG intenta restar importancia a la votación, pero desde que Casado tomó las riendas del PP las diferencias, que ya se intuían entre ambos dirigentes, se han más que visualizado. En el PP gallego, más de uno, antes muy crítico con Mariano Rajoy, empieza a echar de menos al expresidente.