En la muy compleja causa 20907/ 2017, la que se sigue contra los impulsores del proceso soberanista catalán, uno de los aspectos de mayor dificultad a los que se enfrenta el tribunal es decantar la mezcla de lo jurídico con lo político que ha convertido el conflicto en un barrizal histórico. La dejación de que todo se resolviera en instancias judiciales terminó por cegar las posibles salidas de otro tipo a un problema que, en origen, es de naturaleza política.

El empeño en enturbiar la esfera judicial con las pautas y lenguajes de la política tiene efectos paradójicos como que dos opuestos lleguen a la misma conclusión por distintos caminos. El soberanismo comparte con el PP y Ciudadanos la idea de que quienes desde ayer se sientan en el banquillo están ya condenados de antemano. Para los independentistas, la sentencia está escrita en la medida en que el tribunal es solo una terminal del poder político. La condena, para los segundos, resulta evidente desde el momento en que despliegan campañas en contra de un indulto del Gobierno que consideran también seguro. ¿Qué pasará si, algo muy probable, prosperan las dudas razonables que, sobre la calificación de los delitos que se les imputan a los acusados, han alimentado los juristas estos meses y la sentencia se aparta de las acusaciones que ahora están sobre la mesa? Lo más probable es que ninguno de esos dos opuestos ahora unidos por la condena anticipada admitirá que minusvaloró el juicio que acaba de comenzar.

La dosificación de lo jurídico y lo político marca al menos tres estilos y estrategias diferentes, bien visibles en el comienzo de la larga vista oral. La primera jornada permitió constatar que son los propios denunciantes de la contaminación política de la causa los que ahora tratan de agrandar la confusión, sin duda en busca de una mejor salida para sus defendidos.

Andreu Van den Eynde, el defensor del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, optó por una mezcla de la carga política que atribuye a la causa con un cuestionamiento de distintos momentos de una instrucción que, a tenor de su relato, muestran que está orientada a abrir una causa general contra el soberanismo. Van den Eynde abundó en la veta política con la enumeración de declaraciones de representantes de todos los partidos que, a su juicio, constituyen una vulneración de la presunción de inocencia.

Xavier Melero, el encargado de la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, optó en cambio por una argumentación dentro de los límites estrictos de los jurídico, muy técnica en algunos momentos, pero que parece encaminada a hacerse fuerte en el terreno en el que finalmente se moverá el tribunal cuando llegue el momento de construir su resolución.

Con abierta carga política y escasa exposición de los fundamentos legales, Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, eligió cuestionar al tribunal volviendo sobre las recusaciones de los algunos de sus miembros ya descartadas en un momento anterior. Pina es quizá el rostro de quienes dando el juicio por perdido, aspiran a convertirlo en una caja de resonancia del soberanismo. Faltan todavía muchos días para conocer cuál de las estrategias que ahora se atisban es la más idónea.