Poco se puede añadir al proceso y decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados a las hipotecas concedidas por el sector financiero, pues este tema se ha convertido en un asunto tan manido y retorcido que aburre hasta a las ovejas. Les señalo que no seré yo quien exculpe a las entidades financieras de prácticas irregulares en la venta y colocación de productos en tiempos pasados, pero lo que me llama poderosamente la atención es que la AEB -Asociación Española de Banca-, que profesionalmente representa y defiende los intereses del sector, esté tan callada ante la opinión generalizada de la población de que "la banca tiene la culpa de todo" y no aclare algunos aspectos en defensa de sus asociados. Conviene, aunque solo sea por cultura informativa a los ciudadanos, hacer un par de puntualizaciones:

1º- Los bancos no han sido rescatados de la quiebra por los españoles, como dicen algunos demagogos de Podemos, IU y el PSOE. A quienes se ha rescatado con fondos públicos, que nos ha costado 60.000 millones a todos, ha sido a varias cajas de ahorros gestionadas por políticos del PP y del PSOE y con miembros en sus consejos de administración que incluían hasta sindicalistas cercanos a rancias ideas radicales. Solamente dos de ellas, Bankia y Caixa Cataluña, nos han esfumado 40.000 millones del ala. Por tanto, conviene insistir que ningún banco fue rescatado con fondos públicos, lo fueron cajas de ahorro.

2º- No han sido los bancos quienes se han beneficiado del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, pues, cumpliendo con la ley, durante los últimos 23 años se han limitado a recaudarlo e ingresarlo en la Delegación de Hacienda de las comunidades autónomas. Así que en caso de devolución retroactiva, que es lo que pretenden los populistas, serían las autonomías quienes tendrían que retornar el importe cobrado, con la consiguiente avería para Hacienda -que somos todos- y, con posterioridad, reclamárselo a los bancos. Los expertos aseguran que jurídica y judicialmente este proceso sería inviable, por lo tanto el perjuicio sería para toda la población.

Aprovecho para recordar que esta carga impositiva no fue modificada por ninguno de los gobiernos del PP y del PSOE durante ese largo periodo, lo que me hace sospechar que los políticos desconocían cómo funcionaba este impuesto y quién lo pagaba. Abundando en la mala fama, he visto en una encuesta publicada en "El País" que a la pregunta en qué medida cree que la crisis económica en España fue responsabilidad de la banca un 64 % dice que mucha y un 28 % dice que bastante. En total, un 92% piensa que este sector ha sido el responsable de todos los males de la última crisis. Como ven, a veces con razón y otras de manera injusta, la imagen de los bancos entre la población deja mucho que desear, así que no acabo de entender muy bien cómo la AEB no aclara y defiende a sus asociados cuando les achacan las culpas que no tienen y, de paso, informar que en el sector financiero trabajan 316.000 personas y tiene más de 6.200.000 accionistas, la mayoría pequeños ahorradores.