A estas horas, y a pesar de que el balance de las reuniones mantenidas por administraciones y sindicatos con la representación de Alcoa es negativo y no parecen haber hallado soluciones, hay unos cuantos especialistas que aconsejan mantener el tipo. Y no tirar la toalla demasiado pronto, al menos hasta agotar todas las opciones incluida la de estudiar un mecanismo para reclamar la devolución, siquiera en parte, del mucho dinero público invertido en la multinacional. Porque se supone que la adjudicación financiera no habrá sido a fondo perdido.
Conste que no se pretende, al exponer el punto de vista de que conviene repasar lo hecho para ver si algo se puede rectificar, la defensa de salidas imposibles. Pero dada la cuantía de fondos -públicos: la insistencia es obligada-, sí resulta imprescindible preguntar si su entrega a Alcoa fue acompañada de documentación con cláusulas de salvaguardia para las condiciones establecidas. Y es de suponer que entre ellas -porque si no las hubiere sería el colmo- se incluían requisitos a cumplir por la empresa para el caso de que no se atuviese a lo firmado.
Todo ello debería ser explicado pormenorizadamente, siquiera para que los habitantes de este antiguo Reino conozcan el modo y manera con que sus gobiernos defienden los intereses colectivos.
No conviene olvidar, en esa línea argumental, que las ayudas a Alcoa se iniciaron hace diez años, que entonces gobernaba en Madrid Rodríguez Zapatero y en Galicia el Bipartito y que el dinero siguió llegando, a lo que parece, con Mariano Rajoy y Núñez Feijóo. Lo que les da rango "de país", pero eso exige absoluta transparencia en los motivos y en los detalles.
Y conviene no olvidar otra cosa, a la luz de lo ocurrido con la multinacional estadounidense: lo expresado por empresarios gallegos acerca de sus temores porque se puedan repetir cierres repentinos o deslocalizaciones preventivas. Desde hace algún tiempo el ejemplo de la agresiva política de Portugal para captar inversiones se desarrolla con éxito, y ahora parece que se intensificará aprovechando la política de bajos salarios y facilidades fiscales para rebajar los costes. Galicia es una de las principales perjudicadas y algo habrá que hacer, además de titubear mientras se buscan salidas también a eso.
Dicho todo ello procede añadir que no se trata en absoluto de plantear una política, sobre todo laboral, como la que practica el gobierno de Lisboa, aunque conviene no olvidar que los salarios gallegos ya están por debajo en varios puntos de la media española. Pero sí parece imprescindible que, al menos en términos de Galicia, se dé prioridad, antes que a la subvención, a las rebajas fiscales y/o a la agilización burocrática. O sea, a eso que parece se aprobó por la Xunta para facilitar la competitividad, pero que da la impresión de que no haya abandonado todavía el limbo administrativo. Y sin esas medidas, entre otras posibles, no habrá salida para el atolladero actual.
¿No...?
