A partir de la idea de que en asuntos de fraude fiscal ha de aplicarse aquello de que "el que la hace la paga" -lo que no siempre es justo: lo segundo, lo de la paga, suele darse a rajatabla; lo primero se da o no se da, según el reglamento que se aplique, y si es en espíritu o solo en la letra-, poca crítica puede hacerse al dato de que 36.000 habitantes de este antiguo Reino han aportado una millonada extra a las arcas de Facenda. Que, tal como informaba este periódico, se obtuvo tras resultar sujetos a inspección y -"casualmente"- en su mayor número y cifras, por cuestiones relacionadas con impuestos sobre las herencias.
Queda dicho que el asunto de las infracciones depende no pocas veces de cómo se interprete el Reglamento correspondiente, que por algo Romanones, que aparte -dicen- de cacique era inteligente, reclamaba para sí ese vehículo administrativo que prefería a la Ley. Y conviene añadir que 36.000 gallegas/os infractoras/es parecen demasiados, lo que proporciona peso al argumento de que las multas, y la opípara recaudación, no son tanto mérito como la Xunta cree, sino el resultado de lo que alguien llamó caza fiscal al acecho. Y da pie para confirmar que eso de que "en Galicia baixan os impostos" es un cuento chino.
No se trata, conste, de discutir la necesidad de mayores ingresos en las arcas autonómicas, sobre todo si se tienen en cuenta las nutridas asignaciones, cada año más altas, que se destinan a los llamados "gastos sociales", más que discutibles si se tiene en cuenta que engloban conceptos que no resultan literalmente asignables a ellos. Lo que se pretende es resaltar la contradicción entre las fuertes críticas del PP hacia el aumento de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y la práctica de hacer lo mismo allí donde puede. Incluidas las herencias. Punto.
Ya puestos, y a pesar del riesgo de que los expertos de palacio repliquen con una lluvia de cifras y estadísticas tan densa que impida ver el paisaje fiscal, quizá no estorbe insistir en que el hecho de que haya 36.000 gallegos inspeccionados en el último ejercicio puede decir dos cosas: una, que aquí hay demasiados tramposos, o que los Reglamentos se utilizan no tanto desde la óptica de conseguir que cada cual cumpla con sus deberes cuanto para obtener aportaciones a las arcas públicas que permitan aplicar políticas electoralmente más "rentables". Aunque para ello sea necesario interpretar la normativa desde la "doctrina Montoro": todo contribuyente es como mínimo sospechoso de fraude.
(En este punto -que, por cierto, acerca las prácticas de PP y PSOE tanto que parecen iguales salvo matices- sería posible aceptar que efectivamente hubiese en este país tal número de infractores, aunque su porcentaje habría de obtenerse entre los que trabajan. En ese caso, viene a cuento preguntarse, y preguntar, qué ha estado haciendo estos años la Consellería encargada de cuadrar las cuentas para no haber sido capaz de encontrar antes a los autores de un fraude tan voluminoso. Y si la estadística es producto no de descuido anterior, sino del crecimiento de la trampa, no estaría de más que se extremase la precaución.
¿Eh...?
