Esta semana el Grupo Parlamentario Popular presentó el borrador del dictamen de la Comisión de Estudio creada para la reforma de la política forestal. Este borrador tiene que ser ahora enriquecido con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios, con el fin de conseguir un dictamen definitivo que, junto con la revisión del Plan Forestal de Galicia, esté a la altura de lo que nos demanda la sociedad civil gallega: alcanzar un acuerdo de país sobre el modelo de monte y de medio rural gallego.
En el documento, de más de doscientas páginas, se hace un análisis riguroso de la problemática de los incendios en el período temporal 2006-2017, se evalúan las medidas adoptadas hasta el momento y su efectividad, se determinan las causas inmediatas de los incendios y las circunstancias que agravan sus efectos, y finalmente se proponen 107 recomendaciones.
Sin dejar de lado la cuestión de que Galicia no arde, sino que la queman los incendiarios, el dictamen analiza una serie de deficiencias estructurales que agravan las consecuencias de los incendios.
Las transformaciones operadas en el rural gallego como consecuencia del fenómeno de la desagrarización, iniciado en los años cincuenta del siglo pasado, determinaron una pérdida de agricultores y ganaderos que durante siglos actuaron como verdaderos agentes de ordenación del territorio, manteniéndolo limpio y cuidado en su mayor parte. Buena parte del territorio dejó de ser gestionado, provocando una situación de abandono y de crecimiento desorganizado de masas forestales, con abundante matorral, que actúa como combustible para los incendios forestales.
Todo ello agravado por la estructura de la propiedad rural gallega, minifundista y fragmentada, y sobre la que tenemos una información muy poco fiable, hasta el punto de que un importante porcentaje de nuestro territorio rural pertenece a titulares catastrales que no se consiguen localizar y que tienen sus fincas en situación de abandono, lo que dificulta enormemente la efectividad de las medidas que ha adoptada la Xunta de Galicia para revertir la situación.
Desde este planteamiento las recomendaciones abarcan diferentes ámbitos proponiendo soluciones que pasan por una ordenación integral del territorio rural, la mejora del conocimiento sobre los propietarios del rural gallego; la movilización de la tierra productiva, con propuestas como pueden ser los polígonos agrarios o forestales o la potenciación de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) como agente movilizador; y una apuesta decidida por la planificación y ordenación forestal con la clara voluntad de lograr un equilibrio entre conservación y producción.
Sin olvidar las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios, proponiendo en este ámbito que un ente instrumental dependiente de la Xunta de Galicia coordine a todas las Administraciones Públicas implicadas en la prevención. Este ente prestará apoyo, colaboración y asesoramiento constante a los ayuntamientos en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en lo que se refiere a las que asumen en las franjas de protección de los núcleos de población.
Las recomendaciones propuestas y las que aporten los demás grupos parlamentarios, junto con la revisión del Plan Forestal de Galicia, tienen que conseguir el objetivo de acabar o al menos reducir los efectos de la lacra de los incendios así como la dinamización de nuestro medio rural: un medio rural en el que deberán de convivir montes ordenados y planificados con actividad agro ganadera que elabore de forma sostenible productos de calidad.
*Portavoz de Medio Rural del PP
