En poco más de 48 horas del pasado mes de octubre de 2017, más de 274 incendios asolaron Galicia, provocando graves daños materiales, alcanzando la superficie quemada las 49.000 hectáreas y, lo que es más importante, la pérdida de cuatro vidas humanas. Lo cierto es que las circunstancias climatológicas fueron extraordinariamente adversas, pero la magnitud de las pérdidas provocó también en la sociedad gallega una necesidad de análisis de las causas de los incendios y de qué cambios estructurales deberíamos de afrontar para hacerles frente.
A nivel político, la reacción de la Xunta fue inmediata. Aún no se habían extinguido totalmente los incendios cuando la conselleira de Medio Rural compareció en el Parlamento para explicar el dispositivo y dar cuenta de la situación a los grupos parlamentarios, resaltando que las consecuencias dramáticas de la ola de incendios se contuvieron gracias al excepcional trabajo de todos los integrantes de los servicios de extinción y emergencias, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y miembros del ejército que participaron en las tareas de extinción. Asimismo, en las primeras 24 horas el Consello de la Xunta aprobó un decreto marco para dar soporte jurídico a las ayudas a las personas afectadas, que se autorizaron poco después mediante una orden con una partida de más de veinte millones de euros, ampliables si fuera preciso.
Pocos días después, el 7 de noviembre, compareció el Presidente de la Xunta también ante el Pleno del Parlamento para analizar la ola de incendios y proponer a los grupos parlamentarios trabajar conjuntamente en un paquete de 30 medidas que debían de actuar en tres ejes: el de la prevención, el de la ordenación y el de la dinamización socio económica del monte y del rural.
En esa misma comparecencia, el Presidente anunció la creación de una comisión de estudio en el Parlamento Gallego que analizara los incendios y sus causas y que buscara un "gran acuerdo de país" entre todos los grupos parlamentarios para llevar a cabo las reformas que fuesen necesarias en nuestro monte con el fin de acabar, o cuando menos reducir, la lacra de los incendios.
Esta comisión se constituyó en el mes de diciembre, con un plan de trabajo muy ambicioso y un calendario muy exigente. La exigencia del calendario viene dada por la pretensión de que el dictamen de la comisión esté acabado antes de la temporada de máximo riesgo de incendios de este año. El plan de trabajo se planteó de forma que se diera cabida a todos los ámbitos de conocimiento relacionados con el sector forestal y la lucha contra los incendios, así como a representantes de la sociedad civil gallega. Con este fin se aprobaron 75 comparecencias y la solicitud de 37 informes. El objetivo es que todos ellos puedan realizar aportaciones con el fin de que de la comisión salgan las reformas necesarias para conseguir un monte multifuncional, vivo, dinámico, sustentable, rentable económicamente para sus propietarios y que además genere beneficios para la sociedad en su conjunto.
Las comparecencias acabarán a principios del mes de abril, pero a estas alturas todos los que estamos en la comisión somos conscientes del enorme valor de las aportaciones realizadas por todos los que han pasado por la comisión para conseguir objetivo final. Y ello tanto por la formación, cualificación, prestigio y representatividad de los comparecientes, como por los ámbitos de conocimiento que representan.
Hemos escuchado representantes de la sociedad civil gallega, expertos económicos y profesores universitarios en materias como estructura agraria, geografía y ordenación del territorio, silvicultura, edafología, producción vegetal o conservación de la naturaleza. También han comparecido representantes de los diferentes sectores económicos relacionados con el monte y su multifuncionalidad, entre otros, propietarios y empresas forestales y de servicios forestales, ganaderos en extensiva, representantes del sector de la castaña y de la seta, cazadores. En la lucha contra incendios han comparecido también sindicatos y miembros de los servicios de emergencias, de protección civil y del servicio de extinción de incendios. Por último, representantes de la Administración autonómica y local y miembros de la Fiscalía, para analizar también las repercusiones penales de la actividad incendiaria.
Todas estas comparecencias se completan con una serie de informes requeridos a diferentes organizaciones y Administraciones Públicas, que permitirán, sin duda, elaborar unas conclusiones de la comisión que estén a la altura de lo que la sociedad gallega nos reclama.
Desde esta convicción quiero apelar a todos los grupos parlamentarios gallegos a que dejen de lado cuestiones ideológicas o de mero interés político, y, respondiendo a lo que nos demanda la sociedad gallega, seamos entre todos capaces de sacar adelante una gran acuerdo de país en torno al modelo de monte y de medio rural que queremos dejar a nuestros descendientes.
*Diputado autonómico del PP
