Uno de los datos que, probablemente, más llama la atención acerca de las secuelas del naufragio del "Prestige" es que después de quince años de ocurrido -casi ya dieciséis-, aún no se hayan cerrado los capítulos judiciales, y de forma especial el que se refiere a las indemnizaciones por los daños. Es cierto que el asunto ha de plantearse -y resolverse- en diferentes juzgados y países, y que litigar contra las compañías aseguradoras -en general- no sólo es fatigoso, sino a veces más caro que el montante de la indemnización a repartir entre los afectados y el Estado.
Es evidente que, tratándose de lo que se trata, habría sido quizá más deseable que donde en teoría podría haber habido algo más de diligencia -jugando "en casa", o sea, en los tribunales de aquí- a estas horas se hablase ya de cosa juzgada y así lo piensan muchos habitantes de este antiguo Reino. Pero lo cierto es que a estas horas -y con 2017 agonizando- no parece mal momento para reflexionar sobre ello y lamentar de nuevo que el asunto haya ido como si en realidad su importancia no alcanzase la dimensión que al menos en la historia reciente se considera dramática.
Viene a cuento lo que se deja expuesto de que el proceso debe entrar en 2018 en la fase de las reclamaciones a la valoración de los daños, y que se ha establecido en una cifra que para muchos es insuficiente, para otros ridícula y que incluso por algunos se considera "provocación": 1.200 millones de euros. Y que ha causado de inmediato el anuncio de recurso desde todas partes: el ministerio fiscal, los afectados directos e indirectos y hasta algún elemento del gremio asegurador. O sea, que la cosa aún va para largo y es hasta posible que llegue cuando el AVE. Que viene a ser algo así como ad calendas graecas.
En este punto, y respetando otras opiniones, tampoco debería resultar banal una observación acerca de la posibilidad de que haya podido incidir en tan largo pleito la actitud de no pocos colectivos que, en su cruzada por imputar la catástrofe del petrolero a una larga serie de representantes del Estado, hubiesen "animado" a las aseguradoras a no soltar un sólo euro hasta que no se dejara esclarecido el último rincón de sombra acerca de la responsabilidad del caso.
Y no hay pretensión alguna, al señalar esa hipótesis, de endosarle culpa a las plataformas de acción y reacción, y menos aún a los afectados, por el retraso: sólo de reflexionar en algo tan generalmente antipático -pero necesario- de que la batalla políticopartidaria que tanto tiempo se prolongó hubiese tenido influencia en que el que más o el menos pescase algo en río tan revuelto. Una posibilidad quizá remota, pero en absoluto descartable, sobre todo teniendo en cuenta el escenario -y sus bambalinas- en el que se ha trabajado. Y que, aparte de los daños materiales u morales, supone una brecha abierta aún sin cerrar.
¿ Eh??
