Pues no lo sé. Parece que, en esta baraúnda del caso catalán, el Presidente del Gobierno de España y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, han llegado un acuerdo. El último apoyará al Gobierno en la previsible activación del artículo 155 de la Constitución (que llega un poco tarde) a cambio del compromiso del primero para abrir el proceso de reforma de la Constitución. Así es la política. No acabo de ver clara la relación entre el apoyo al Gobierno en garantizar el mantenimiento del orden constitucional en Cataluña y reformar la Constitución. Quizá en la ingenua creencia de que una reforma constitucional atajará de una vez por todas el "problema" catalán. En cualquier caso, bien está que el Gobierno y el PP encaren de una vez el problema evidente de la creciente deserción ciudadana del sistema constitucional. Esto no tiene nada que ver con la necesidad de poner punto final al "régimen del 78", como sostiene Podemos. Esto tiene que ver con la evidencia de que la Constitución acusa la fatiga del transcurso del tiempo, y que las generaciones vivas de ciudadanos ya no ven en el texto constitucional el marco democrático a través del cual canalizar sus expectativas y anhelos.
El texto del 78 necesita una actualización urgente para recuperar el afecto de los ciudadanos y su confianza. Para que vuelva a ser una norma valiosa. ¿Por dónde empezar? A mi modesto entender, ahora sí que es urgente reformar el modelo de Estado de las Autonomías. Hay que incorporar el mapa autonómico a la Constitución, eliminar esas referencias arriesgadas a nacionalidades y regiones históricas, y, simplemente, definir territorialmente el Estado como la suma de sus 17 comunidades autónomas con un único soberano, el pueblo español. Hay que tomarse en serio el modelo federal de Estado y simplificar y precisar el reparto competencial. A mi juicio, bastaría con enumerar las competencias exclusivas del Estado, siendo las demás de competencia autonómica. Y cerrar este círculo virtuoso reforzando los mecanismos de coordinación y cooperación entre Gobierno y autonomías, fijando un modelo de financiación sustentado en la responsabilidad fiscal de cada comunidad, y eliminando técnicas como la de la normativa básica que no ha hecho más que embarrar el sistema autonómico hasta niveles delirantes. Por último, no estaría de más incorporar al proceso de reforma constitucional uno específico para el caso de conflictos territoriales como el vivido con Cataluña.
Esto, ¿contentará a los catalanes? Creo que no. Pero quizá sí nos contente a los demás.
*Catedrático de Derecho
Constitucional
