Dicho con la mejor intención, no se precisaba un oráculo para anunciar que el sector boticario se quejaría por las intención de la Xunta, anunciada oficialmente hace unos días, de aumentar en 41 el número de farmacias autorizadas a trabajar en este antiguo Reino. Ni se necesitaba un pitoniso para suponer que el argumento básico del malestar se referiría a la autoproclamada "debilidad económica" de las ya existentes, originada por los retrasos de los pagos debidos por la administración.
Los titulares de los establecimientos no hacen una mención específica al cambio de política del gobierno gallego en relación a los productos dispensados ni tampoco a las "primas" que, como si la Sanidad fuese un equipo de fútbol, paga la Xunta a los médicos que recetan genéricos. Es opinable esa modificación, pero a la vez significa el visado para algo que los boticarios son reticentes a reconocer: que si acaso con la excepción de periodos muy concretos, su actividad ha sido y es rentable cuando se ejerce.
(Y en numerosas ocasiones esa rentabilidad se extiende hasta después de la retirada. No es un secreto que los establecimientos mejor situados se traspasaban por grandes cantidades ni que en el peor de los casos pasaban de padres o madres a hijos/as o parientes, lo que suponía indudables ventajas, sobre todo frente a los profesionales en paro. Cierto que la extensión progresiva de la Sanidad Pública fue creando puestos de trabajo, pero eso ocurría en una época pretérita, antes de los recortes.)
Lo que demuestran las quejas boticarias, en opinión personal de quien la firma, es que muchos consideran el sector como una especie de coto cerrado en el que prima la rentabilidad sobre la necesidad de los pacientes a ser mejor servidos. Y eso, que podría discutirse desde un mero sentido comercial, debería hacerse en el sanitario. Y, quizá por eso, la Xunta decidió abrir la mano, como antes lo ha hecho en consultas y hasta en centros sanitarios. C´est la vie, que diría un francés en su argot popular.
Dicho todo ello, y antes de concluir, parece oportuno reconocer que los farmacéuticos tienen derecho a quejarse de lo que estiman un riesgo económico para el sector, pero no lo es menos que el lamento, como quedó dicho, es sobre todo comercial y la Consellería debe atender lo asistencial y responder al bien general y la mejora de los servicios. Y ese objetivo se cumple con más farmacias que con menos; y, si acaso, habrían los boticarios de quejarse de que se les pague con retraso.
¿O no...?
